Dec 27 2008 |
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MEXICO, D.F., 26 de diciembre (LA JORNADA).- Ante la crisis económica que prevalece y dado que la expectativa es que se agudice en 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pronunció por el establecimiento de una “tarifa social” de consumo eléctrico, en la cual los primeros 200 a 250 kilowatts sean gratuitos para los sectores más pobres del país, así como para quienes queden desempleados, ello en vez de instaurar “paliativos como es el apoyo de 50 pesos para el pago de luz a personas de escasos recursos”.
Lo anterior se justificaría en el sentido de que ni Luz y Fuerza del Centro (LFC) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas con fines de lucro.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio, señaló en entrevista que aunado a esto debe desaparecer la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual fue establecida el 7 de febrero de 2002, durante la administración de Vicente Fox y ha sido mantenida por el actual gobierno panista, y que es el origen de los cobros excesivos de fluido eléctrico para muchos usuarios.
También expresó que la instancia que debe determinar las tarifas eléctricas es la Cámara de Diputados, tal como establece el precio del petróleo, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tras señalar que existen dos iniciativas en la Cámara de Diputados en las que se propone una modificación a la política tarifaria eléctrica y en las que se expone que debería ser la propia Cámara la que las fijara, Fernando Amescua lamentó que éstas tengan ya más de dos años en la congeladora legislativa sin que hayan sido discutidas, y precisó que ante la situación económica prevaleciente ya deberían haber sido desempolvadas para beneficiar a la población que menos tiene.
Acotó que para el SME es obvio que a quienes se debe ayudar en estos tiempos difíciles es a los usuarios con menos recursos, y no tanto a los empresarios, tal como se ha hecho últimamente con subsidios al consumo eléctrico. “Decimos que tiene que haber una condición diferente en esa política tarifaria, que finalmente como los industriales recuperan su dinero invertido en el pago de luz a través de la política hacendaria, entonces son ellos los que deben de pagar la energía eléctrica cuando menos un 10 ó 15 por ciento arriba de su precio de producción, y es que ellos la tasan como insumo y la cobran en el precio final de sus producto, al tiempo que a través de la política hacendaria deducen parte de ella.
“Establecer esta situación abriría la posibilidad de establecer una tarifa social que permitiera que cuando menos los primeros 200 a 250 kilowatt de la gente que menos dinero tiene o que no tiene empleo, se le pudiera estar dando la posibilidad de tener gratis ese producto, ello puesto también que las dos empresas eléctricas de este país no son de ganancia”, comentó.
Remarcó que ya es hora de que no sean los usuarios domésticos los que paguen la electricidad cara, sino que “sean otros, los empresarios, los que de alguna manera derivado de que todos estos años han ganado empiecen a pagar el producto a como lo deben de estar pagando y como lo pagan en otros países”.
Por Esto!
Lo anterior se justificaría en el sentido de que ni Luz y Fuerza del Centro (LFC) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas con fines de lucro.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio, señaló en entrevista que aunado a esto debe desaparecer la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual fue establecida el 7 de febrero de 2002, durante la administración de Vicente Fox y ha sido mantenida por el actual gobierno panista, y que es el origen de los cobros excesivos de fluido eléctrico para muchos usuarios.
También expresó que la instancia que debe determinar las tarifas eléctricas es la Cámara de Diputados, tal como establece el precio del petróleo, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tras señalar que existen dos iniciativas en la Cámara de Diputados en las que se propone una modificación a la política tarifaria eléctrica y en las que se expone que debería ser la propia Cámara la que las fijara, Fernando Amescua lamentó que éstas tengan ya más de dos años en la congeladora legislativa sin que hayan sido discutidas, y precisó que ante la situación económica prevaleciente ya deberían haber sido desempolvadas para beneficiar a la población que menos tiene.
Acotó que para el SME es obvio que a quienes se debe ayudar en estos tiempos difíciles es a los usuarios con menos recursos, y no tanto a los empresarios, tal como se ha hecho últimamente con subsidios al consumo eléctrico. “Decimos que tiene que haber una condición diferente en esa política tarifaria, que finalmente como los industriales recuperan su dinero invertido en el pago de luz a través de la política hacendaria, entonces son ellos los que deben de pagar la energía eléctrica cuando menos un 10 ó 15 por ciento arriba de su precio de producción, y es que ellos la tasan como insumo y la cobran en el precio final de sus producto, al tiempo que a través de la política hacendaria deducen parte de ella.
“Establecer esta situación abriría la posibilidad de establecer una tarifa social que permitiera que cuando menos los primeros 200 a 250 kilowatt de la gente que menos dinero tiene o que no tiene empleo, se le pudiera estar dando la posibilidad de tener gratis ese producto, ello puesto también que las dos empresas eléctricas de este país no son de ganancia”, comentó.
Remarcó que ya es hora de que no sean los usuarios domésticos los que paguen la electricidad cara, sino que “sean otros, los empresarios, los que de alguna manera derivado de que todos estos años han ganado empiecen a pagar el producto a como lo deben de estar pagando y como lo pagan en otros países”.
Por Esto!
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