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En Cuba pendientes de la Consulta

Listo cuestionario de consulta petrolera en capital mexicana

México, 16 jul (PL) El cuestionario sobre la consulta petrolera que tendrá lugar a finales de este mes en la capital mexicana ya está en manos del gobierno del Distrito Federal (DF) para su aprobación.

Las dos interrogantes a las que se enfrentará la ciudadanía el próximo 27 de julio fueron elaboradas por un grupo de expertos procedentes de instituciones universitarias, conjuntamente con representantes legislativos y gubernamentales de esta ciudad.

Los capitalinos deberán responder si aprueban la participación de empresas privadas en actividades que actualmente son exclusivas del Estado y si están de acuerdo con la reforma energética presentada por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.

Ambas preguntas, formuladas con una detallada introducción, deben aún contar con el visto bueno del jefe del gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien podrá aprobarlas tal como están o proponer algún ajuste o modificación.

Juan José García, subsecretario de la administración capitalina, aseguró que hoy quedará lista la convocatoria para las personas que deseen colaborar en el trabajo de las mesas receptoras.

Según Humberto Morgan, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del DF, la organización del referendo popular muestra un avance del 60 por ciento y es en la labor mediática donde se requiere en lo adelante dar el impulso mayor.

Recalcó que los próximos días serán de intensa difusión para que los habitantes de la capital conozcan y ponderen los objetivos del plebiscito.

PRIvatización mal escondida

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

La iniciativa del PRI para la legislación que afecta a Pemex va encaminada a hablar de que no se va a privatizar nada, como lo dijeron con la suya el gobierno federal y el PAN, pero sólo para ocultar mejor esa privatización. El documento es largo y seguirá dando materia de discusión por un tiempo, como sucedió con su antecesora federal, pero vamos a señalar algunos de los puntos claves.

Empezamos por las refinerías privadas, que nominalmente desaparecen. En la iniciativa panista tampoco usaban estas palabras, lo encubrían hablando de “maquila” y cosas así. Pero ahora se dice, en el artículo 4º de la propuesta de cambio a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo:

“El Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su consejo de administración.”

Hasta aquí no hay refinerías privadas. Serán organismos nuevos, pero públicos. Más pedacitos de Pemex, pero finalmente de Pemex. Seguimos viendo qué con estas nuevas empresas, y llegamos a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que también aquí, como en la iniciativa del gobierno federal, se plantea como una nueva ley. En el segundo párrafo del artículo sexto dice:

“Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales tendrán el carácter de entidades de control presupuestal indirecto”. Esto significa que no los controla el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, ni su Auditoría Superior. Será Pemex, y luego Hacienda, quien lo haga, y los legisladores recibirán los informes de esta secretaría, que incluirán un resumen de cada entidad de control presupuestal indirecto.

Esto no es lo peor. Lo más grave viene en el artículo 19 de la misma ley, con las funciones del consejo de administración de Pemex, adicionales a las que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el inciso IX se dice: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento”.

Recordamos que “desincorporación” es un eufemismo y al mismo tiempo nombre oficial, desde hace años, de la privatización de las empresas estatales. Ese término se sigue usando en la ley vigente citada al final del párrafo anterior. Entonces, el esquema queda completo. Se crea, por ejemplo, uno de estos “organismos descentralizados de carácter estratégico filiales” de Pemex, asociado a la construcción de la refinería del nombre que nos guste. Se formalizan los trámites para que quede consolidada con esas funciones. Y más adelante, en un momento “tranquilo”, el consejo de administración, que ya no requiere de ningún trámite porque ha sido exceptuado en este inciso IX, “desincorpora” a este organismo y se lo vende a “su trasnacional favorita” o como le queramos llamar. O a una fórmula intermedia, si se quiere privatizar por etapas. De modo que no dicen “refinerías privadas”, pero sí dicen “desincorporar” al organismo público que las iba a hacer, o que las empezó a hacer.

En otras partes la iniciativa del PRI no difiere mucho de la panista. En cuanto a los contratos, en unas partes usan los términos de las leyes existentes, por ejemplo, “obras” y “servicios” que se rigen cada uno por su ley. Pero en otras partes, y al evaluar los pagos, se habla del “proyecto” que contendría obras, servicios, adquisiciones y demás. Los panistas usan otras palabras. Lo que sigue es de la citada ley orgánica.

Artículo 60, fracción IV: Los pagos “podrán condicionarse al menor o mayor éxito del proyecto”. Pero, ¿fue contrato de obra? ¿O de qué? Y si el proyecto sale bien, ¿por qué y cuánto se le paga al que hizo la obra civil, por ejemplo? Se implica, aunque no se le legaliza, que haya contratos enormes por proyecto. En la siguiente fracción se dice que se puede compensar o penalizar, como parte de la remuneración, una serie de factores orientados “a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios”. Esto va por el camino de la iniciativa panista, con algunos matices de diferencia.

En el artículo 59 se dice que “los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a los contratistas sugerir modificaciones a los proyectos” con diferentes pretextos. También aquí no queda claro si el contrato es, por ejemplo, por una obra o por todo el proyecto; y si tiene sentido que el que hace la obra civil pueda sugerir modificaciones al proyecto de toda la refinería. Hay algo oculto aquí.

Asesores extranjeros: ¡un peligro para México!

Jorge Camil

Vicente Fox dio inicio a la práctica de utilizar asesores extranjeros para asuntos electorales, y a juzgar por las circunstancias es posible que al menos Rob Allyn, verdadero autor de sus “memorias”, lo haya asesorado también en la toma de decisiones de Estado. Todo indica que la estrecha relación entre Fox y Allyn, el publirrelacionista texano que lo llevó a la presidencia de México, fue más allá de la elección del 2 de julio de 2000.

Las “memorias”, escritas por Allyn y publicadas en Estados Unidos en un tiempo récord, justo al final del sexenio, indican una intensa relación de trabajo que se prolongó hasta el final del mandato. ¿De qué otra manera Allyn, autor e instigador de unas “memorias” destinadas a vender su nombre junto al de Vicente Fox en el mundo empresarial estadunidense, pudo conocer oportunamente, y con tanto detalle, temas como el pretendido desafuero de López Obrador? Es posible que este hábil asesor, con experiencia electoral en varios países, haya sido el autor principal de una estrategia claramente destinada a deshacerse del único obstáculo que podría frustrar la elección de un sucesor como Santiago Creel o Marta Sahagún, que garantizara la continuidad.

Sin la activa participación de Allyn en el sexenio hubiera sido imposible que Fox, dedicado a entregar la presidencia, y a la tarea de manipular ilegalmente la elección de 2006, pudiese haber mantenido a Allyn informado al detalle sobre eventos minuciosamente redactados en un libro titulado con desvergüenza La revolución de la esperanza. (¿Fox, autor de una falsa transición democrática, mostrado a los ojos de futuros clientes multinacionales con los atributos de innovadores como Lech Walessa o Mikhail Gorbachev?) Así que la pregunta es obligada: ¿qué tanto participó Allyn en asuntos y decisiones de Estado? ¿Fue él, junto con el defenestrado Santiago Creel, el autor del desafuero? Para una democracia incipiente es un peligro importar asesores extranjeros y estrategias diseñadas en otros países. Al parecer Dick Morris, el asesor que fue factor decisivo en las debatidas elecciones mexicanas de 2006, hizo mucho más que acuñar la frase que resultó letal para el PRD: “López Obrador es un peligro para México”. Su consejo influyó seguramente en la decisión que llevó a las cúpulas empresariales mexicanas a financiar millones de pesos de propaganda soterrada, conocida en Estados Unidos como Swift boating: la estrategia que destruyó la campaña presidencial de John Kerry. (En esa campaña, un grupo de veteranos de Vietnam, que participaron con Kerry en las lanchas cañoneras, Swift boats, que patrullaban las aguas vietnamitas, produjeron supuestamente motu proprio, pero con formidables contribuciones de millonarios anónimos, comerciales maliciosos destinados a cuestionar el heroísmo de Kerry: “Kerry no tiene el patriotismo requerido para ser presidente de Estados Unidos”, era el mensaje.)

En México, la estrategia sucia del Swift boating diseñada por Morris fue más allá: convirtió al candidato del PRD en “un peligro para México”. Resulta increíble que con experiencias como las de Allyn y Morris la reciente reforma a nuestra legislación electoral no haya prohibido categóricamente la participación de “asesores” o “estrategas” extranjeros en campañas políticas mexicanas (una intervención que, por otra parte, viola el artículo 33 de la Constitución).

¿Continuará Morris asesorando a Calderón? La pregunta es obligada frente a las elecciones legislativas de 2009, con respecto a las cuales el presidente del PAN ya declaró que el enemigo a vencer es el PRI, dando por muerto al PRD. (¿Se está montando acaso un escenario en el que todo el Partido de la Revolución Democrática va a resultar “un peligro para México”?) La posible participación de asesores extranjeros podría ser el motivo por el cual el gobierno actual, en la mejor tradición de Washington, está más dedicado a impulsar la imagen de Calderón, y a mantener a Acción Nacional en el poder, que a la tarea de gobernar. Todo apunta en ese sentido: el despegue espectacular de la campaña de 2009, la publicidad constante sobre una guerra contra el crimen organizado, que irónicamente está ganando el crimen organizado, y el desprecio por el PRD (¿hemos regresado al “ni los veo ni los oigo” de Carlos Salinas?) Un hecho que recuerda tácticas de administraciones siniestras, como las de Richard Nixon y George W. Bush, es el “espionaje preventivo” contra futuros adversarios políticos. Scott MacClellan, ex vocero de Bush, puso el dedo en la llaga con su reciente libro, What happened? (¿Qué pasó?).

Con el advenimiento de Bush –dice McClellan– Washington entronizó una política conocida como “campaña permanente”, en la que publirrelacionistas de prestigio son contratados de tiempo completo, desde el primer día del nuevo gobierno, para librar una campaña sin cuartel que mantenga a toda costa la popularidad del presidente, destruya a la oposición, y asegure la continuidad del partido en el poder. Aunque las cosas están saliendo al revés, todo indica que México vive esa situación.