El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de salarios máximos que indica que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República
MÉXICO, D.F., 31 de marzo (APRO / UNIVERSAL).- Después de dos años tres meses de cabildo, la Cámara de Diputados aprobó hoy modificaciones constitucionales para impedir que cualquier funcionario público –incluidos empleados de órganos autónomos, como el Banco de México y el Instituto Federal Electoral—, gane más que el presidente de la República, es decir, más de 143 mil pesos mensuales.
La Cámara de Diputados aprobó por 365 votos a favor y uno en contra del perredista Ramón Almonte, la llamada Ley de Salarios Máximos, que pone fin a los altos salarios que perciben servidores públicos, muchos de los cuales ganan más que el Presidente de la República. Sin embargo, los diputados federales reconocen limitantes en esta reforma, pues deja en manos de la siguiente legislatura la aprobación de los tabuladores salariales de todas las dependencias y poderes de la Unión.
Los diputados avalaron las reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales.
El dictamen aprobado establece que los nuevos diputados federales, que serán electos el próximo 5 de julio, deberán crear la Comisión Nacional de Salarios y fijar los tabuladores bajo los cuales se regirán los funcionarios federales, estatales y municipales, a partir del año 2010.
Esta será la primera tarea relevante que deberán desahogar los diputados de la LXI Legislatura federal, además de la inclusión del tabulador en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual, por ley, debe aprobarse en octubre del año que le preside al ejercicio de los recursos solicitados.
Esto es, para octubre de este 2009 los nuevos legisladores tendrán que estar aprobando los nuevos salarios, los cuales no deberán rebasar el salario que percibe el encargado del Ejecutivo federal.
Corresponde ahora al Senado de la República avalar las reformas, lo cual podría ocurrir este jueves. Una cumplido dicho trámite, corresponderá el turno a los Congresos de los estados, los cuales disponen de un plazo no mayor de 180 días para respaldar dichas modificaciones.
Los cambios constitucionales fueron llamados coloquialmente como “ley de salarios máximos”; el primer partido que propuso estos cambios fue el PRD a través del senador Pablo Gómez, en octubre de 2006; después, en noviembre, la diputada por el mismo partido, Valentina Batres, presentó cambios en el mismo sentido.
Sin embargo, en enero de 2007, cuando Felipe Calderón Hinojosa envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa sobre el tema, los legisladores iniciaron a discutirlo ampliamente con los principales afectados: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tienen un salario mensual de 330 mil pesos.
Tres meses después, en abril de ese mismo año, el Senado de la República avaló que nadie ganara más que el Ejecutivo federal, sin embargo, el cabildeo y presiones que ejercieron los ministros de la Corte permitieron que la minuta permaneciera durante dos años congelada en la Cámara de Diputados.
En febrero pasado, la pretensión de los consejeros del Instituto Federal Electoral de subirse el sueldo a 330 mil pesos por mes, en un momento en que el salario mínimo es de 54 pesos por día y el mundo entero se encuentra sumido en una crisis económica, generó malestar entre la población, lo que fue aprovechado por el PRD para sacar de la congeladora las reformas constitucionales que hoy fueron aprobadas.
A lo largo de un mes, los ministros de la Corte cabildearon con los diputados de Acción Nacional para tratar de frenar la reforma. Incluso, en dos ocasiones se intentó dar marcha atrás a dicha iniciativa.
Finalmente, perredistas y priístas cedieron a las presiones de los panistas con tal de que se aprobaran las reformas. La moneda de cambio fue, según versiones de algunos legisladores, que los actuales ministros de la Corte y los magistrados electorales actuales no vean afectadas sus percepciones y que la ley tenga valor únicamente para los nuevos funcionarios.
Alfredo Ríos Camarena, priísta integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró: “En este tema ha habido hipocresías, ha habido negociaciones en lo oscurito, ha habido cosas que no nos han gustado.”
Al momento de argumentar el voto del PRI a favor de los cambios, admitió que la reforma “está mocha”. “No pudimos afectar a los ministros de la Corte”, lamentó.
Por ello, invitó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que sean ellos mismos quienes, a título personal, se bajen el salario.
“No supimos modificar el artículo 94 de la Constitución (donde se establece que no se les podrá reducir su salario), pero con todo el respeto que le tengo a la Suprema Corte, le pido desde esta tribuna a los señores que integran el Poder Judicial, no sólo los ministros, que de motu propio decidan reducirse sus salarios, ya que esta ley es insuficiente para obligarlos a ellos.
“Se los pido con respeto, se los pido en el interés de la Nación, se los pido sabiendo que existe, por supuesto, un consenso nacional de que no podemos seguir en un país de estas graves desigualdades salariales”, dijo el priista.
El perredista Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que algunos funcionarios del ayuntamiento panista de Ecatepec ganaban 300 mil pesos al mes.
El priísta Ríos Camarena fue más preciso y dijo que el presidente municipal de dicho ayuntamiento gana 400 mil pesos mensuales.
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