Fernando Gómez Mont, el tercer hombre que sale de Gobernación
El ex funcionario permaneció durante un año con nueve meses al frente de la política interior de México
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Mauricio Torres (CNNMéxico) — Fernando Gómez Mont dejó este miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob) dos días después de que reiterara su “disposición a servir” en el gobierno federal y pusiera la decisión sobre su permanencia en el cargo en manos del presidente Felipe Calderón.
El anuncio de su reemplazo ocurrió a menos de dos semanas de que las coaliciones electorales entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), a las que el ex funcionario calificó de “antidemocráticas y un fraude a la ley”, ganaran el gobierno de tres estados que estaban en poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Gómez Mont fue el encargado de la política interior de México durante un año con nueve meses. Llegó a la Segob en noviembre de 2008 para ocupar el puesto que quedó vacante tras la muerte de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo.
De 47 años, Gómez Mont pertenece a una de las familias de mayor tradición panista en México. Es hijo del fundador e ideólogo del PAN Felipe Gómez Mont, el más joven de 13 hermanos y abogado graduado de la Escuela Libre de Derecho, al igual que el presidente Felipe Calderón y la primera dama, Margarita Zavala.
Él mismo fue militante panista durante décadas, hasta que el 10 de febrero de este año renunció al partido “debido a razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional”.
Durante la época de su militancia fue asesor de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Antonio Lozano Gracia, diputado federal en la 55 Legislatura (1991-1994) y representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral (IFE). En 1995 se alejó momentáneamente de la política.
Como abogado litigante mantuvo una relación cercana con el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos —desparecido desde el 15 de mayo— y defendió a clientes polémicos como el líder minero Napoleón Gómez Urrutia; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Montemayor; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y el banquero Jorge Lankenau.
Posteriormente fundó y fue socio del despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont, en el que permaneció hasta que fue llamado por Calderón para sustituir a Mouriño en la Segob.
Al frente de esa dependencia defendió las decisiones del gobierno federal en materia de seguridad, reforma política y economía.
Respaldó la lucha contra el crimen organizado que el presidente inició desde diciembre de 2006 y dijo que el Estado no puede desistir en su empeño de controlar a quienes amenazan a las instituciones. En esa materia, antes de las elecciones del pasado 4 de julio, en las que se renovó el gobierno de 12 estados, llamó a la ciudadanía a votar y a que las autoridades cerraran espacios a “los violentos” que atacan la democracia.
En octubre de 2009, después del decreto presidencial que extinguió la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y causó las protestas de sus miles de trabajadores, junto con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, asumió la defensa de la medida y los intentos de diálogo con los electricistas descontentos.
Promovió la reforma política presentada por Calderón ante el Congreso de la Unión en diciembre de 2009, que propone, entre otros puntos, la reelección inmediata de diputados y alcaldes y la segunda vuelta electoral. Hasta la fecha, la reforma está detenida en el Poder Legislativo.
Gómez Mont protagonizó varios episodios polémicos. Uno de ellos fue la firma del pacto entre la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y el dirigente panista, César Nava, con el que el PAN se comprometía a no realizar alianzas electorales en los comicios del Estado de México en 2011, a cambio de que el presupuesto presidencial fuera aprobado en el Congreso. El ex funcionario fungió como testigo de un acuerdo que terminó roto.
Recientemente llamó “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos que critican la estrategia de seguridad federal, lo que le valió críticas de parte de los ombudsman del país y de la sociedad civil.
Uno de esos últimos episodios fue su exhorto a los medios de comunicación a no permitir que la cobertura informativa sobre la violencia en México “tape otra información que está siendo muy importante”. Legisladores de oposición, como el senador priista Rogelio Rueda, criticaron ese llamado bajo el argumento de que es “un desatino exigir que suavicen o maticen las informaciones periodísticas sobre los ajustes de cuentas y asesinatos que a diario se dan en el país”.
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