AMLO denuncia a 3 ex presidentesSectores estratégicos del país, como los energéticos y las comunicaciones y los transportes han sido privatizados, desmantelando la industria mexicana y convirtiéndola en una vasta área de negocio del sector privado, especialmente extranjero, por las últimas administraciones federales, quienes a través de engaños y oscuros procesos se han beneficiado personalmente a costa del patrimonio nacional, el cual ha sido adjudicado abierta y descaradamente a grupos empresariales trasnacionales, en un proceso que sólo terminará hasta entregar el último peso de las arcas nacionales, o hasta que lo impidan los mexicanos conscientes y nacionalistas. En el último cuarto de siglo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y ahora Felipe Calderón, respaldados por economistas formados en universidades estadounidenses, han llevado con gran éxito un proceso paulatino de transferencia al sector privado, nacional y extranjero, las funciones, responsabilidades, decisiones y ganancias de sectores estratégicos, con especial énfasis en los más rentables como la explotación de petróleo, gas natural, otros hidrocarburos, y comunicaciones y transportes, en donde sobresalen los puertos y aeropuertos.De ahí, de las pruebas que están a la vista de todos, es que fundamentó
Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la Presidencia de la República, el anuncio sobre la demanda ante la Procuraduría General de la República que señala a los cuatro últimos ex presidentes por la supuesta comisión de delitos, tales como: tráfico de influencias, corrupción, despojo de bienes de la Nación, entre otros.
Y si así causó un gran revuelo su anuncio, este lunes, al presentar con documentos sus acusaciones, la situación ha cobrado un matiz que el gobierno federal trata de minimizar.El tabasqueño también presentó una denuncia de hechos contra Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza, así como a la lideresa sindical Elba Esther Gordillo y al abogado y ex senador Diego Fernández de Cevallos. López Obrador dice que la acción emprendida se justifica porque actualmente el país atraviesa por uno de los momentos más aciagos y tristes de su historia, a causa del saqueo indiscriminado que los señalados han hecho de los bienes.Sostiene que cuenta absolutamente con todos los elementos de prueba sobre las acusaciones presentadas y que los denunciados forman un grupo que desde hace más de 20 años se ha apoderado de todo y “ha condenado al pueblo mexicano a la pobreza y al sufrimiento”. Al señalar a Carlos Salinas de Gortari, advierte que en su mandato se inició una política de pillaje que se mantiene hasta la actualidad. Todo esto, añadió, también tiene que ver con el fraude electoral, con el despojo que hicieron de la presidencia de la República, con el único afán de tener a u incondicional en Los Pinos y seguir controlando los poderes.Del México, S.A.Durante los últimos 26 años, la industria nacional se ha privatizado y desmantelado.
Destaca particularmente el caso de la industria petrolera, en que PEMEX ha sido acorralado, extranjerizado, arruinado y transformado en un área de negocios del sector privado, especialmente el extranjero, particularmente el estadounidense. Este nefasto proceso inició en 1989, cuando el gobierno asumió plenamente la dirección de la empresa y se le dio un giro a la política petrolera —y al manejo de PEMEX— que puso al servicio del capital internacional, especialmente norteamericano, en un ambiente de corrupción y entreguismo.Aunque el proceso inició con los tres presidentes tecnócratas surgidos de las filas del PRI —de hecho con Carlos Salinas quedó definido y no hay que olvidar que durante las negociaciones del TLCAN 1991-1992 se pactó la apertura de la petroquímica y la electricidad a empresas extranjeras y se preparó la apertura de la industria de gas natural— con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón éste se ha acentuado y el contratismo ha alcanzado su máxima expresión, de manera específica a través de los Contratos de Servicios Múltiples, que han servido para transferir a empresas extranjeras, entre ellas Repsol YPF y Petrobras, la explotación de campos petrolíferos. En las últimas administraciones proliferaron grandes paquetes de obras realizadas esencialmente por firmas extranjeras bajo el esquema Pidiregas, que sirve para dejar que el sector privado haga negocio donde la Constitución lo prohíbe.
Durante los gobiernos panistas, se ha transferido sistemáticamente la operación petrolera a empresas extranjeras en un proceso de encogimiento y eventual extinción de PEMEX, paraestatal en la que se concentra la extracción y exportación de crudo, pero transfiriendo los trabajos petroleros a firmas transnacionales (Schlumberger, Halliburton...) al amparo de amplísimos Contratos de Servicios Integrales (CSI), que en sus últimas versiones resultan ilegales porque el contratista realiza actividades reservadas al Estado.Con el calderonismo se han otorgado más contratos y se impulsa la bursatilización de PEMEX y de las “Alianzas Estratégicas”, que para lo que realmente sirven es para encubrir concesiones y contratos de riesgos que pondrán los hidrocarburos en manos de extranjeros, ávidos de controlar todo el negocio que representa el sector energético del país, lo cual se realiza a través de un contratismo exacerbado, la especialización forzada, la transferencia de negocios rentables, la contratación adelantada de obras y la instalación de proyectos cuya necesidad no está comprobada, lo que ha llevado a PEMEX y la CFE a una contracción forzada, para hacerespacio a las trasnacionales, al punto de que más del 90 por ciento del gasto de inversión en la primera paraestatal se realiza para contratar empresas privadas.
Por obra y gracia del gobierno federal, ahora en manos de la pandilla calderonista, PEMEX está en crisis, debido a que se le quitan sus remanente, a través de un régimen fiscal desmedido, con lo que el organismo reporta pérdidas después de impuestos desde hace más de dos décadas; se le obliga a cumplir un voluminoso superávit primario; se le somete al endeudamiento y se le inventan pasivos. A pesar de todo, la paraestatal sigue produciendo grandes cantidades de hidrocarburos y aportando al erario una enorme cantidad de recursos que la administración calderonista, al igual que la foxista, se empeña en malgastar, no sólo sufragando gasto corriente, sino también tapando hoyos que deja la evasión y la elusión fiscal y, por si fuera poco, ofreciendo altísimos salarios y prestaciones a la alta burocracia. Brutal costoEl monto total del endeudamiento con el sector privado para la ampliación de infraestructura energética es ya estratosférico. Durante los primeros dos años de la gestión del actual inquilino de Los Pinos, el pago del servicio de la deuda contratada con particulares para expandir las obras de infraestructura en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad ascendió a 208 mil 720 millones de pesos, monto 440 por ciento superior al pagado en el primer bienio del sexenio del “presidente del cambio”, Vicente Fox. Durante el periodo 2001—2002 se erogaron, por servicio de la deuda de los Proyectos de Infraestructura Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), entre amortizaciones e intereses, 38 mil 625 millones de pesos. En contraste, en los primeros dos años de la administración del michoacano solamente por el servicio de la deuda de los Pidiregas se pagaron 63 mil 993 millones de pesos en intereses, cifra que duplica la anterior. Del monto total mencionado que se pagó por el concepto de deuda de Pidiregas, 15 mil 934 millones correspondieron a las amortizaciones de la CFE y 10 mil 972 millones de pesos por intereses; al caso de PEMEX se destinaron 128 mil 793 millones de pesos por concepto de pago de principal y por el pago de intereses se destinaron 53 mil 21 millones de pesos.
Así el gobierno de Calderón, en sus primeros dos años, ha pagado principalmente de la deuda de Pidiregas en PEMEX y CFE, un monto que ascendió a 144 mil 727 millones de pesos y en intereses por los adeudos con particulares de estas dos entidades por 63 mil 993 millones. Esta situación no tiene para cuándo cambiar, pues todavía PEMEX tiene 36 proyectos Pidiregas bajo la figura de inversión directa y uno sólo bajo la modalidad de inversión condicionada, mientras que la CFE tiene 183 proyectos inscritos bajo la modalidad de inversión directa y 26 como inversión condicionada. Al final de este año, la administración calderonista deberá enfrentar pagos por Pidiregas contratados con esas dos paraestatales por 126 mil 911 millones de pesos, de los cuales 83 mil 146 millones serán por concepto de amortización y 43 mil 765 millones por pago de intereses. Los Pidiregas tienen un costo brutal para el sector público, pues de su deuda neta total, que incluye la deuda del Gobierno Federal, la de los organismos y empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, para el primer trimestre de 2009 se ubicó en 3 billones 627 mil 973.3 millones de pesos, cifra que considera el reconocimiento de la deuda pública de PEMEX de los pasivos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), equivalentes a 8.1 por ciento del PIB. La deuda del Sector Público representó el 32.4 por ciento del PIB, nivel superior en 11 por ciento respecto a lo observado al cierre de 2008.Gas privadoLa entrega del gas natural a las empresas privadas y extranjeras inició hace 14 años en el gobierno de Ernesto Zedillo.
En 1995, al margen de la Carta Magna, los legisladores del PRI y PAN, principalmente, realizaron reformas inconstitucionales a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en las que estúpidamente los levanta-dedos determinaron que el metano (gas natural) no es un hidrocarburo y que la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural no son parte de la industria petrolera. A partir de ahí, la Comisión Reguladora de Energía inició la privatización con más de 185 permisos privados ilegales y también inconstitucionalmente, otorgó contratos para la exploración y explotación de gas natural seco, mismo que tampoco se consideró hidrocarburo.Los permisos otorgados por la CRE tienen una vigencia de 30 años y pueden ser renovados por períodos de 15 años. A las empresas gaseras privadas se les entregó el dominio de parte importante del territorio nacional, incluyendo los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco y Distrito Federal.En distribución de gas, son 22 permisos que representan 28 mil 138 kilómetros de ductos, el movimiento de un volumen promedio de 42 millones 660 mil metros cúbicos de gas, y una cobertura de 2 millones 339 mil 530 usuarios cautivos, antes de PEMEX.Los directores de PEMEX pusieron en marcha los anticonstitucionales Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que permiten a una empresa extranjera explorar, extraer, procesar gas natural, así como elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos.
Los contratistas se transformaron en productores independientes de gas natural y “petroquímicos básicos” (hidrocarburos naturales), a pesar de que constitucionalmente la exploración, extracción y demás eslabones de la cadena del petróleo y el gas natural están reservados al Estado. La administración de Vicente Fox asignó 5 contratos y Felipe ya lleva 3, los que pueden aumentar en cualquier momento.El primer CSM fue el correspondiente al bloque Reynosa—Monterrey, que se firmó con la empresa española Repsol, por un total de dos mil 437 millones 196 mil 265 dólares; el segundo es el bloque Cuervito que se suscribió con el consorcio internacional brasileño-japonés-mexicano, por una inversión total de 260 millones 71 mil 938 dólares; el tercer contrato correspondió al bloque Misión por una inversión total de mil 35 millones 579 mil 600 dólares, con el consorcio internacional México-Argentino integrado por las compañías argentinas Techint y su subsidiaria Tecpetrol y la empresa mexicana Industrial Perforadora de Campeche IPC; el cuarto es el del bloque Fronterizo de la Cuenca de Burgos, que se ubica en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, para la ejecución de obras de exploración y explotación de gas natural no asociado, y fue firmado con el consorcio internacional integrado por las compañías brasileña Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras); japonesa Teikoku Oil Co. Ltd., y la mexicana D&S Petroleum, subsidiaria del Grupo Diavaz, por un monto de 265 millones de dólares.Otro contrato contra la producción de gas natural en la Cuenca de Burgos se firmó con la empresa estadounidense Lewis Energy Group, con una inversión de 334 millones de dólares, y estimaban obtener una producción de gas superior a 40 millones de pies cúbicos diarios, en el bloque Olmos de Coahuila, en una superficie de 360 kilómetros cuadrados; uno más se adjudicó a un consorcio, compuesto por empresas de México y Estados Unidos, para la ejecución de obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en el bloque Monclova dentro de la Cuenca de Burgos, el contrato por 456 millones 290 mil 100 dólares estadounidenses fue para tres empresas nacionales Hulera Mexicana, Energy Milenium, Andrews Technologies de México, así como por dos compañías estadounidenses: Yuma
Exploration and Production Inc. y Aries Operating LP.PEMEX quedó fuera de la industria de gas natural licuado y se le prohibió participar en las licitaciones realizada por la CFE para abastecer con ese combustible a las zonas de Altamira, Tamaulipas y de Ensenada, Baja California y se autorizó la operación de Shell, Total, Sempra, Repsol, Chevron-Texaco y otras compañías transnacionales. PEMEX también quedó totalmente fuera del concurso para abastecer a la zona de Manzanillo, Colima, y Felipe Calderón, desde que era titular de la Secretaría de Energía, permitió que Baja California sirva de plataforma energética de los EU.
Además, en 2006 el Congreso permitió a particulares explotar gas natural a partir de mantos de carbón (2006), tomando como pretexto el “accidente” en la mina Pasta de Conchos.Así comenzó no solo la época de los grandes negocios y de los imperdonables saqueos, sino también la de la abdicación del gobierno a sus obligaciones más elementales. Hoy, y lo iremos viendo en diferentes entregas, la suma de contrataciones con empresas privadas abarca los principales renglones de desarrollo e incluso de seguridad, lo que nos lleva a preguntarnos una y otra vez el porqué de la puesta en marcha de estas entregas que se convierten en grandes negocios y que van nulificando el poder del mandato.
Por Esto!
