Posiblemente no haya sido el único sorprendido con la noticia de que el Senado de la República declaró al 2 de octubre como día de luto nacional. Y, a lo que parece, por una mayoría abrumadora. Ahora deberán pasarán las reformas a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación. Por Víctor Flores Olea Gratamente sorprendido, porque se reconoce por un órgano del Estado que la matanza en la Plaza de las Tres Culturas “forma parte de la memoria histórica de México”, y porque esa votación significa inmediatamente un claro repudio a la violencia y a la represión, también a la de hoy en todas sus formas. Paradójico, pero en uno de los momentos más sangrientos de la historia del país el recuerdo del 2 de octubre sirve para señalar que vivimos hoy una tragedia inconmensurable, la del crimen que avanza arrasándolo todo a su paso. En primer lugar una felicitación a los “excombatientes” del movimiento estudiantil y popular de 1968 que hoy, desde puestos de responsabilidad, siguen su lucha en distintos frentes para que se reconozca el real significado de aquellas batallas. Pero sepamos todos, como ellos lo saben bien, que estamos lejos de haber ganado la lucha por la democracia y el imperio de la ley, que fue la sustancia última de aquel movimiento. Es absolutamente inconstitucional que el Ejército ejerza funciones de policía, aunque se nos diga que el Ejército está en las calles para hacer la guerra al narcotráfico. Esa es sólo parte de la verdad, no toda la verdad. Según lo hemos visto el Ejército cumple también funciones represoras o al menos de contención en contra de los movimientos populares y de protesta: Oaxaca no se olvida, el asedio militar en Chiapas en contra del zapatismo nos indigna todos los días, o la utilización del Ejército en contra de los maestros disidentes (en Morelos). Podría prolongarse la lista. Es decir, hoy la actuación del Ejército no es tan lejana a la que cumplió en aquellos crueles días del 68, aun cuando la resonancia trágica de entonces tuvo que ver también con que el asesinato y la brutalidad fueron cometidos en el centro de la capital, y en contra de personas que muchos conocíamos. El problema es que nos enfilamos aceleradamente a una situación de guerra permanente (¿“a la colombiana”?) que hasta hace poco veíamos como algo inadmisible. Y eso porque cuando el Ejército cumple funciones de represión policíaca y social nos despedimos del respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la legalidad. Esto también lo saben bien los “exmuchachos” del 68 que también por tales razones reivindican las luchas de aquel tiempo. Con un agregado: hoy México, como Colombia durante décadas, se vincula estratégicamente a Estados Unidos con ese famoso “plan Mérida” que nos traerá exigencias inadmisibles, según muy pronto se verá, que afectarán centralmente a la soberanía nacional y que se utilizará como malla de contención e incluso de represión a los eventuales movimientos transformadores en México y, al menos, en América Central. Los jefes del Ejército y la Marina, han declarado de manera explícita que de ninguna manera serían instrumentos de represión o brazos armados en contra de los movimientos populares, en semejanza a antecesores de hace cuatro décadas. Sin embargo, han de entender el enorme peligro que corren al cumplir las tareas policíacas que se les asignan. Las violaciones a los derechos humanos y a la legalidad se producen en cualquier momento, como ya se han producido, más allá de los propósitos declarados de la jerarquía. Y, desde luego, en esta línea política se sumarán inevitablemente a los designios imperiales (Estados Unidos) en América Latina, que son concretamente contrarrevolucionarios y no reformistas mínimamente (¿cambiará la situación con Barack Obama?) No desconocemos el terrible problema del narcotráfico y del crimen organizado, con sus secuestros y asesinatos salvajes. Pero las autoridades parecieron desconocer que su guerra al mismo, inclusive por medio del Ejército, iba a sacudir una mata de la que saldría mucho de lo peor de la sociedad: altos funcionarios policíacos e inclusive del Ejército sometidos a los “cañonazos” en dólares del narcotráfico, por descomposición moral y por miedo, o todo junto. Como se decía en Colombia hace algunos años: “plata o plomo”, describiendo el dilema imposible al que se enfrentan muchas de estas víctimas. Bien que se haya reconocido como fecha histórica y luctuosa el 2 de octubre de 1968, pero el drama es que ni la represión ha terminado en México ni la democracia tiene los avances y frutos que se esperaban. Sí, hoy existe una mucho más amplia paleta de ideologías políticas y partidos para elegir, pero la sustancia de las decisiones siguen principalmente en manos del dinero, como en todas partes del mundo, en que todo se vende y se compra, y en que el “espíritu del mercado” lo ha invadido todo, comenzando precisamente por la política. Esa no era la democracia por la que se luchó en el 68 sino que se luchó por una democracia ciudadana profundamente participativa: ¿se recuerda la exigencia del “diálogo público”? Resulta indispensable otra ola de reformas como las que desencadenó el 68. Ola de reformas que no son cuestión de un solo partido o doctrina sino que son tarea de la sociedad entera, reformas progresistas que únicamente podrán lograrse con la amplia participación ciudadana y popular, incluyendo los participantes en la gesta del 68. |
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