Marietas y Adelitas: Cinco mil razones para cambiar

jueves, 18 de diciembre de 2008

Cinco mil razones para cambiar

Jueves, 18 de Diciembre de 2008 00:00

Ricardo Monreal Avila

Uno de los saldos más negativos del año que termina son las narcoejecuciones. Diversos diarios han

publicado en esta semana el balance negro de la violencia en el país. Son cifras de horror para un país que se supone goza de estabilidad política, paz social y seguridad pública.
El diario Reforma contabiliza 5,014 en lo que va del 2008; de ellos, 158 son decapitados. El Universal refiere 5,362 ejecuciones. Excélsior, 5,577 personas muertas por el crimen. Por su parte, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, ha reconocido oficialmente 5,376 narcoejecuciones. ¿Son muchos o pocos muertos? Para dimensionar la cifra, podemos tomar los muertos en este mismo año en Irak, un país que se encuentra formalmente en guerra. Las bajas norteamericanas suman 4,789 personas. Una cifra que escandalizó a los Estados Unidos y que, junto con la crisis económica, causaron el voto de castigo más severo contra una administración presidencial de la que se tenga memoria. Los cinco mil muertos nuestros, en cambio, son todos mexicanos, la mayor parte civiles y han sido ejecutados sin juicio de por medio, en una especie de “pena de muerte” de facto, callejera, en plena vía pública.
Todos coinciden en que el número de ejecutados es el doble del año anterior, cuando el balance negro fue de 2,600 aproximadamente. También se ha duplicado el número de personas civiles inocentes que nada tienen que ver en esta guerra, simplemente porque estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Hablamos de menores de edad, ancianos, amas de casa y transeúntes.

Con esta inusitada cifra de muertos, podemos decir que hay más de cinco mil razones para cambiar de estrategia en el combate al crimen organizado. A dos años de iniciada, la guerra contra el crimen ha sido ineficaz. Diversos indicadores así lo acreditan: 1) las ejecuciones se han duplicado. 2) Los delitos colaterales, como el secuestro, las extorsiones y el robo de autos, también se han duplicado. Hasta el aguinaldo les quiere robar a los maestros el crimen organizado. 3) El índice de impunidad no se ha reducido: la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de denunciar que el 98% de estos delitos quedan impunes. 4) La droga en las calles del país también se ha incrementado. Basta con ver el bajo precio al menudeo con que actualmente los jóvenes consiguen toda clase de drogas (“crack”, piedra, tachas, cristal, etc.). 5) Los centros de atención a adicciones también reportan incremento de casos. 6) El número de atentados contra periodistas también se ha duplicado. México está considerado como el país más peligroso para los periodistas después de Irak. 7) Si consideramos que desde el año 2000 hasta el 2008, se han presentado en el país entre 18 y 20 mil ejecuciones, tendremos que un 25% de esta estela de muerte y descomposición se ha presentado durante el año de 2008.
Hay un daño colateral de esta guerra y en la que casi nadie reparamos: los deudos de los caídos, sean o no criminales. Si consideramos que cada uno de estos ejecutados es integrante de familias con un promedio de cuatro miembros, tendremos que la cifra de los directamente afectados por esta guerra inútil e ineficaz ascendería a 70 u 80 mil afectados.
En conclusión, a dos años de la guerra contra el crimen, la violencia en general se ha incrementado y se está convirtiendo en un problema de salud pública, no sólo de seguridad pública, al estar ya entre las principales causas de mortalidad de los mexicanos, después de la diabetes, los infartos y otros problemas de salud conocidos.
La guerra contra el crimen se tiene que dar y a fondo. Pero tiene que ser una guerra eficaz, no una guerra improvisada o fallida como la que estamos presenciando, donde las intenciones son muy buenas pero los resultados son pésimos.
El gobierno tiene todo para ganar esta batalla. Tiene altos presupuestos, tecnología de punta, medio millón de efectivos policiales (en los tres órdenes de gobierno) y leyes duras, casi draconianas. ¿Qué falla entonces? En gran medida, la descoordinación entre los niveles de gobierno en materia de seguridad. Cada municipio y cada estado tiene su propia estrategia policial y no comparte nada con el de al lado o el de arriba o el de abajo. Hay feudalización de la seguridad, no federalismo policial. Existen también descoordinación, conflictos y fricciones en el propio nivel federal. La SSP contra la PGR y ambas contra la Sedena. Las áreas de inteligencia están prácticamente divorciadas: el Cisen por un lado, inteligencia militar por el otro, inteligencia de marina por su cuenta, inteligencia de los estados tienen su propios códigos y hasta algunos municipios grandes también hacen “inteligencia”, es decir, espionaje y contraespionaje. Este desorden es parte del problema.
Sin embargo, el mayor talón de Aquiles es la corrupción de los mandos en los cuerpos de seguridad. Es inconcebible lo que acontece en la SSP del gobierno federal. El segundo hombre en importancia, Víctor Garay, quien en diversas ocasiones diseñaba, explicaba y acordaba en Los Pinos los operativos contra el narcotráfico, era un funcionario protector del Cártel de Sinaloa. El señor Garay era el brazo derecho del secretario de seguridad, Genaro García Luna, a quien las narcomantas habían señalado hace tiempo como la cabeza protectora de un sector del crimen organizado. Es probable que el señor García Luna sea inocente de tales cargos. Pero no se puede decir lo mismo de la institución que aún dirige. Si no es por comisión, la responsabilidad del titular de la SSP sería por omisión.
Sin embargo, el mismo cáncer de la corrupción se puede detectar en las otras áreas de seguridad pública. La PGR y algunos sectores de la milicia podrían también adolecer del mismo mal. Es la historia de los Frankestein en materia de seguridad, que terminan volteándose contra su creador, el Estado mexicano.
El próximo año, el gobierno federal tiene que dar resultados, si no empezará a ser cuestionado severamente por la población (no por la oposición), como de hecho ya está ocurriendo en algunos estados de la República.
Si en el 2009 el principal resultado visible de la estrategia gubernamental es que en lugar de 5 mil hay 7, 8 ó 10 mil ejecutados, la guerra del gobierno podría ser calificada no únicamente como “guerra inútil”, sino como una “guerra genocida”, por el alto número de víctimas civiles y por la negligencia que frente a esos crímenes muestran las autoridades para combatirlos, castigarlos y prevenirlos. Pero este es otro tema.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

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