Reclamos y dudas

May 27 2009

Reclamos y dudas

* La dirigencia nacional del PRD acusó al gobierno federal de actuar premeditadamente y con una actitud hostil en el operativo policiaco-militar en Michoacán, al cuestionar que al Gobernador del Estado, Leonel Godoy, no se le notificara de la acción / Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, cuestionó que “siempre queda la duda sobre cuáles son las evidencias y cuáles son las consecuencias inmediatas, en términos de determinar su responsabilidad”

México, DF. 26 de mayo (LA JORNADA) La dirigencia nacional del PRD acusó al gobierno federal de actuar premeditadamente y con una actitud hostil en el operativo policiaco-militar en Michoacán, al cuestionar que al gobernador del estado, Leonel Godoy, no se le notificara de la acción.
El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, junto con los coordinadores parlamentarios perredistas en el Congreso de la Unión, Carlos Navarrete y Javier González Garza, reclamó al gobierno federal –en conferencia de prensa— la actitud y advirtió que “sería una vileza y una actitud ruin que alguien pudiera utilizar el problema de la inseguridad pública para sacar ventaja de carácter electoral”.
El líder de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones demandó por su parte al gobierno federal “no politizar ni partidizar la lucha en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico” y pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) sea “enormemente pulcra”, cuando inicie la integración de las averiguaciones previas en torno a los presidentes municipales y altos mandos policíacos de Michoacán, que fueron detenidos.
Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, rechazó que los operativos contra el crimen organizado que se han llevado a cabo en entidades donde gobierna la oposición, lleven tintes electorales. Es parte del compromiso, sostuvo, para dejar “la zona de confort” y entrar de lleno en el combare al narcotráfico y la corrupción.
Germán Martínez, dirigente nacional panista respaldó al presidente Felipe Calderón y le pidió al gobernador de Michocán que coopere “sin reticencias” en la investigación que se lleva a cabo en esa entidad.
Diputados del P´RD señalaron que la detención de funcionarios municipales y estatales de esa entidad, manifiesta, “paradójicamente”,la debilidad del gobierno de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado, porque no ataca el fondo de ese flagelo.
Consideraron la acción emprendida por la autoridad federal, como carne de cultivo de la narcotización de la campaña electoral a favor de los candidatos del PAN, porque a través de los medios de comunicación se ubica a Felipe Calderón como el mesías que se enfrenta sólo al crimen organizado.
El diputado perredista michoacano, Antonio Soto, consideró que el operativo en el que fueron detenidos 27 funcionarios de esa entidad, “tiene tufo político-electoral y no quisiera pensar que el gobierno federal está utilizando al Ejército y a la propia PGR para lesionar a un partido”.
Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional adujo que la administración calderonista no está facultada para pasar por encima del artículo 115 Constitucional. “Viola la soberanía de los estados”, porque no se puede detener detener a los presidentes municipales sin haber cubierto las formalidades que establece la constitución local. “Hoy son presidentes municipales, ¿quien sigue? ¿los gobernadores? ¿mañana los diputados?”, cuestionó.
Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, dijo que la serie de detenciones que realizaron ayer militares en el estado de Michoacán, “son como las que hemos estado viendo desde hace tiempo, pero siempre queda la duda sobre cuáles son las evidencias y cuales son las consecuencias inmediatas, en términos de determinar su responsabilidad”.
Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez dijo que la situación es crítica “al poner en evidencia el grado de descomposición que tienen las corporaciones policíacas y la falta de protección a quienes ejercen los cargos públicos, ante la escalada del narcotráfico y la guerra sin cuartel, el crimen organizado pone en riesgo a las instituciones”.
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