Mar 08 2009 |
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En Querétaro
QUERETARO, Querétaro, 7 de marzo (UNIVERSAL).- Tres indígenas ñhañh, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron sentenciadas a 21 años de prisión y a pagar una multa por 91 mil 620 pesos, por delitos que supuestamente cometieron el 26 de marzo del 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco.
A decir de la PGR, las tres secuestraron a media docena de agentes federales de Investigación (AFI).
Según la Procuraduría General de la República, los oficiales de la AFI adscritos a la subsede de San Juan del Río investigaban la posible venta de narcóticos, además de realizar un operativo contra la piratería en Santiago Mexquititlán.
Ante ello, afirma la PGR, locatarios y tianguistas, molestos por las acciones que realizaban los agentes e incitados por las tres mujeres detenidas, decidieron privar de la libertad a seis elementos de la AFI.
Cinco de ellos fueron liberados con el fin de reunir 80 mil pesos solicitados por las sentenciadas para poner en libertad a su compañero, acción que ocurrió cuando se les entregó la cantidad de 70 mil pesos.
La otra versión, de acuerdo con la PGR, las indígenas fueron encontradas culpables por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delitos de contra servidores públicos y contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína.
El 24 de febrero de este año, en la Ciudad de México, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que Jacinta fue sentenciada injustamente y en su caso persistieron graves desigualdades en el sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia.
Criticó, por ejemplo, que los mismos agentes que se asumen como víctimas de secuestro sean testigos y la parte investigadora en el caso.
Recordó que ese 26 de marzo del 2006 en el mercado de la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, llegaron seis agentes federales armados y sin identificaciones.
Selectivamente tomaban mercancía -presuntamente legal- de varios de los puestos y realizaron destrozos.
Fue por eso que unos 80 comerciantes los rodearon y fueron los mismos agentes quienes propusieron que uno de sus compañeros se quedara en garantía mientras ellos irían por dinero para pagar los daños.
Luis Arriaga dijo que el caso fue presentado por vecinos de Jacinta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y adelantó que interpondrá una queja ante la PGR para que se revise la actuación de los agentes federales.
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