Mar 31 2009 |
|
Jacinta Marcial, sentenciada a 21 años de prisión y una multa de dos mil días de salario mínimo por “secuestrar” —desarmada— a seis fornidos agentes de la AFI. 
Juan José Morales
Esta historia comenzó hace tres años, el 26 de marzo de 2006. Aquel día, media docena de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, llegaron al poblado otomí de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. No iban uniformados ni se identificaron como tales. Simplemente, con la prepotencia, soberbia, arbitrariedad y violencia que usualmente emplean, comenzaron a despojar de sus productos a los vendedores del tianguis que había en la plaza del lugar, so pretexto de que era “mercancía pirata”. Ya habían hecho lo mismo, impunemente, en otros pueblos de la zona. Pero aquí los lugareños reaccionaron colectivamente, rodearon a los agentes y les exigieron identificarse, presentar las órdenes que pudieran tener para proceder como lo
hacían, devolver lo que habían robado y pagar por los daños causados. Finalmente, tras la intervención del agente del Ministerio Público Federal en San Juan del Río y el comandante regional de la AFI, se acordó devolver los bienes hurtados y pagar los daños. Como garantía de que efectivamente se haría, y en tanto el comandante iba a conseguir el dinero necesario, ordenó a uno de los agentes quedarse en el pueblo. Ahí permaneció, a la vista de todos, custodiado por los habitantes y sin sufrir molestia alguna, hasta que los funcionarios volvieron y resarcieron los perjuicios.Pues bien, los polizontes no dejaron de ejercer una ruin venganza. Como chivos expiatorios eligieron a tres humildes mujeres, a quienes se acusó de haberlos secuestrado. Una de ellas, Jacinta Francisco Marcial, vendedora de aguas frescas, actualmente de 46 años de edad, fue finalmente sentenciada el pasado 19 de diciembre de 2008 a 21 años de prisión después de un juicio plagado de irregularidades en el que ni siquiera contó —como lo manda la ley— con los servicios de un traductor a pesar de que sólo habla otomí y todas las diligencias y documentos se hicieron en español. La “prueba” central contra ella era que aparecía en una fotografía periodística tomada en el lugar de los hechos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas —muy buena para acarrear indios de utilería a ceremonias con “el señor presidente”— se negó a defenderla aduciendo que no tenía abogados para hacerlo. La esposa de Calderón ni siquiera respondió a la petición de que intercediera en su favor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del gobierno panista de Querétaro no movió un dedo en su favor, y los abogados particulares que contrataron sus parientes, solamente les sacaron dinero.
Pudo así el gobierno de Felipe Calderón anotar en sus estadísticas que una secuestradora más se encuentra tras las rejas, como resultado de su combate frontal a la delincuencia.
Evidentemente, sólo una muy retorcida y caprichosa interpretación de la ley puede considerar secuestro a lo que ocurrió ese 26 de marzo en el poblado queretano, y secuestradora a la pobre vendedora. Por eso la injusta condena levantó numerosas protestas, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha tomado en sus manos la defensa de esta víctima —por partida doble— de los atropellos de las autoridades.
Lograr la libertad de Jacinta, sin embargo, será difícil. Porque ella no se llama Florence Cassez, ni es francesa, rubia y de ojos azules. Tampoco la apadrina el presidente de Francia. Por ello difícilmente Felipe Calderón se interesará por su suerte ni se tomará la molestia de nombrar una comisión para estudiar su caso. A Jacinta sólo se le podrá sacar de la cárcel con una fuerte movilización popular. Comentarios:
kixpachoch@yahoo.com.mx
Por Esto!
No hay comentarios:
Publicar un comentario