Marietas y Adelitas

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DíAZ

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones; aún más, las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como "crimen de lesa humanidad y de Estado" por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de "una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública", asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se contempla pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.

Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.

Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) –Lucas y Ponce, respectivamente– fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba "una campañita" en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.

"Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano", destaca Barrera Hernández.