* El plagio en México es un delito que se ha practicado casi desde que el país fue independiente, pero los casos de más impacto se dieron a partir del inicio del Siglo XX, durante la Revolución Mexicana, en la época de mayor auge de las guerrillas y en los últimos años con fines económicos
MEXICO, D.F., 1 de enero (NTX).- El secuestro en México es un delito que se ha practicado casi desde que el país fue independiente, pero los casos de más impacto se dieron a partir del inicio del Siglo XX, durante la Revolución Mexicana, en la época de mayor auge de las guerrillas y en los últimos años con fines económicos.
Organizaciones no gubernamentales, analistas políticos e investigadores indicaron que históricamente los secuestros se podrían contar por miles, delito que si bien es considerado alto impacto en muchos países, aquí hay plagios que han servido hasta para financiar una liposucción.
De igual forma se han registrado secuestros impactantes donde las víctimas han sido mutiladas; plagios de grandes personalidades, artistas, políticos con fines económicos, políticos y de impacto mediático en los que grupos de guerrilleros son los protagonistas.
México es cuna de grandes secuestradores, tristemente ebres como Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, o Andrés Caletri. Ambos mantuvieron secuestrado al país durante la década de los ochenta y los noventa, recordó el presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, Fernando Ruiz.
También los guerrilleros secuestradores en México han obtenido importantes golpes publicitarios y económicos para el financiamiento de sus movimientos, como el caso de Lucio Cabañas del Partido de los Pobres, quien plagió a Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero el 30 de mayo de 1974.
Dos décadas después, el 1 de enero de 1994, los miembros del EZLN, encabezados por el subcomandante Marcos, secuestraron al ex gobernador de Chiapas, el general de división Absalón Castellanos Domínguez, para ser sometido a un Juicio Popular por los grupos de indígenas alzados en esa fecha.
Otro de los secuestros de impacto fue el de José Guadalupe Zuno Hernández, el 28 de agosto de 1974, a sus 83 años.
Luego de que una voz femenina informó a un diario de Guadalajara sobre el plagio, el Ejército y las policías cerraron las carreteras e iniciaron la búsqueda de los responsables.
Se trataba del suegro del presidente de la República en turno Luis Echeverría Alvarez; era el padre de su esposa, Esther Zuno, pero dos días después se dio a conocer la demanda de los secuestradores, que tenía fines eminentemente políticos.
A cambio de respetar la vida de don José, los plagiarios exigían 20 millones de pesos, así como la excarcelación de 10 personas cuyos nombres se darían a conocer horas después y su vía libre para viajar a Cuba.
Las demandas se hicieron públicas a pesar de que el mismo día del secuestro, el entonces procurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada, fijó la posición de Luis Echeverría en el sentido de que “el gobierno federal no pacta con criminales”.
Desde entonces este delito de alto impacto fue objeto de impunidad; los secuestradores, a pesar de ser conocidos en su mayoría permanecían libres, comofue el caso de Lucio Cabañas, que solamente muerto a manos de soldados pudieron con él.
Asimismo, de acuerdo con testimonios de José Woldenberg el 22 de febrero de 1985, Félix Bautista, miembro del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), también fue secuestrado.
En este caso, los plagiarios demandaban a la antigua dirección del Partido Comunista Mexicano, que se había fusionado en 1981 con otras cuatro organizaciones para dar paso al PSUM, “la devolución de un dinero fruto del secuestro de Rubén Figueroa a manos de la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas”, recuerda.
El dinero del rescate que ya había sido entregado a la guerrilla se recuperó, pero sólo una fracción, y en la derrota y desbandada del Partido de los Pobres, parte de ese dinero se entregó al PCM. En 1985 con el secuestro de Bautista se exigía su devolución.
Ante la negativa, fue secuestrado Arnoldo Martínez Verdugo, ex secretario general del PCM, entonces candidato a diputado federal y tres años antes aspirante a la presidencia de la República por el PSUM. Este plagio ocurrió seis días antes de la elección que debía celebrarse el 7 de julio, por lo que tuvo que pagarse un rescate para recuperarlo.
Otro caso impactante fue el del empresario Pedro Sarquís, de 70 años, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el 30 de mayo de 1974, y cuando se había pagado el rescate de tres millones de pesos, al darle la noticia de que sería liberado murió de un infarto y los captores abandon su cadáver.
Después de los secuestros de ese tipo, en la década de los ochenta se inició una nueva etapa más evolucionada, cuando comienzan a surgir una srie de secuestros con diferentes características, en los que mutilaban a las víctimas para exigir el pago del rescate.
Se trataba de dos bandas delictivas, la de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, y la de Adrés Caletri, quizás las más temidas por los empresarios, a quienes se atyeron plagios como el del banquero Alfredo Harp Helú, Vicente Fernández hijo, Jorge Espinosa Mireles, entre otros.
En las últimas décadas también fueron plagiados el ferretero Jorge Sekiguchi, el empresario Joaquín Vargas Guajardo, a principios de los 90, así como las hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi, quienes fueron plagiadas por la misma banda que meses después privó de su libertad al entrenador dtbol Rubén Omar Romano, en esta década.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, aseguró que el plagio ha evolucionado hacia el secuestro exprés, ya que ante la impunidad que se vive en el país, es más fácil secuestrar a 10 personas y cobrar 100 mil pesos a cada uno en una semana que tratar de sacarle un millón a una persona en un mes.
Otra de las formas de evolución de las organizaciones de secuestradores es hacia la extorsión y la llamada “renteada”; la primera consiste en hacer llamadas telefónicas y bajo amenazas presionar a las familias para que les entreguen sumas de dinero, de acuerdo con sus posibilidades.
En el segundo caso, dijo, organizaciones criminales como La Familia y Los Zetas, relacionadas con el narcotráfico, ahora se dedican a amenazar a empresarios y familias de los estados del centro del país como Michoacán, Guerrero, Estado de México, aunque también se tienen casos en el Distrito Federal.
La “renteada”, explicó, consiste en amenazar y mantener las acciones de intimidación hacia las familias y las personas por tiempo indefinido para que les entreguen dinero en forma semanal, quincenal o mensualmente, así como autos u otros bienes.
De no hacerlo ellos saben a qué escuelas acuden sus hijos, dónde trabajan sus señoras, dónde viven sus hermanos y pueden hacerles daño, agregó. |
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