| ¿Fin de la impunidad o borrón y cuenta nueva? |
| Sábado, 13 de Diciembre de 2008 00:00 |
| Alfredo García En torno a la noticia Un reciente informe bipartidista emitido por el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano, responsabiliza al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de los abusos y maltratos infligidos a prisioneros en la cárcel de Abu Gahrib y otros centros norteamericanos de detención. El informe senatorial, resultado de una investigación que duró año y medio para conocer los orígenes de las torturas que escandalizaron al mundo, afirma que los maltratos no fueron responsabilidad de individuos, sino consecuencia de técnicas de interrogatorios aprobadas por el ex secretario Rumsfeld y otros políticos de alto nivel. La investigación reveló que los métodos utilizados procedían de un programa militar de entrenamiento conocido como SERE, con el objetivo de preparar a militares norteamericanos en caso de caer prisioneros de chinos o rusos; que posteriormente fueron aplicados para interrogar a supuestos miembros de Al Qaeda y el Talibán. Según el informe del Senado, con estos métodos no sólo se perdió la posibilidad de obtener información valiosa, sino que además se mancilló la reputación moral de EU y no se redujeron las amenazas a la nación norteamericana. El documento abre la puerta para un eventual proceso judicial a Rumsfeld por su proceder violatorio del Derecho Internacional, que podría implicar al propio presidente Bush. Tanto Barack Obama como Joe Biden, presidente y vicepresidente electo, no descartaron un eventual proceso penal contra el mandatario que abandonará la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Sin embargo, es muy pronto para conocer el alcance del informe. A pesar de ser un tema de debate desde hace varios años en el Congreso, la investigación y sus conclusiones aparecen poco antes de que los principales responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos y leyes internacionales denunciadas en el informe, se retiren del gobierno. La investigación del Senado abre una caja de Pandora para los legisladores demócratas que no se opusieron a que la ultraderecha norteamericana diera sus primeros pasos en el camino del fascismo. Comenzando por la Orden Militar el 13 de noviembre de 2001 del presidente Bush sobre detención, tratamiento, y juicio de “ciertos no ciudadanos” en la guerra contra el terrorismo, por la que se desconocieron las Convenciones de Ginebra para el trato a prisioneros de guerra. Detrás vendrían la tortura, las cárceles ilegales, el limbo jurídico, los secuestros, y vuelos clandestinos de la CIA. A pesar de las reiteradas denuncias documentadas de organizaciones defensoras de los derechos civiles en EU como la American Civil Liberties Union, ACLU, los demócratas, salvo honrosas excepciones, nunca dieron una batalla frontal contra la administración Bush por sus acrobacias legales para violar la ley, como tampoco la dieron contra la doctrina de “guerra preventiva”, las mentiras descubiertas para justificar la agresión a Irak, o contra las numerosas restricciones a los derechos civiles. El encausamiento criminal en la justicia norteamericana de un ex jefe del Pentágono o un presidente, es un requerimiento moral para la sociedad de EU y podría estar incluido en la estrategia de cambios de la nueva administración. Pero también puede tratarse de un “mea culpa”, para evadir la responsabilidad de los legisladores demócratas que fueron cómplices de la impunidad que gozó el gobierno, para cometer tales atrocidades desde el 2001 hasta la fecha. |
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