Apr 08 2009 |
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La Suprema Corte de Justicia omite los nombres de los funcionarios inhabilitados durante los pasados seis años por diversas faltas MÉXICO, D.F., abril 7 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ocultó los nombres de los funcionarios que ha inhabilitado en los últimos seis años para que no puedan ejercer otro cargo público. El Comité de Acceso a la Información del propio tribunal ha emitido criterios en el sentido de que el nombre de los servidores públicos inhabilitados, por haber incurrido en una falta administrativa, debe darse a conocer por ser un dato de interés para la sociedad. Desde el 10 de diciembre del 2008, después de analizar una petición de información que se le hizo a la Corte con base en la Ley Federal de Transparencia, el Comité llegó a la conclusión de que los legisladores dispusieron que las faltas administrativas que ameriten una inhabilitación, por su gravedad, merecen ser difundidas para desincentivar este tipo de conductas en la mayor medida de lo posible. ``Por ello determinó el Comité, si para faltas con un mínimo nivel de gravedad el legislador ha dispuesto la publicidad del apercibimiento o de la amonestación, por mayoría de razón, ante faltas administrativas de mayor entidad que ameriten una sanción económica, una suspensión en el empleo, la destitución del puesto o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, debe existir la posibilidad de que el público en general tenga conocimiento pleno del servidor público que incurrió en aquéllas y de la sanción impuesta, siempre y cuando este último ya hubiere agotado los respectivos medios de defensa y, por ende, se trate de una determinación inimpugnable’’. De ahí que el propio Comité determinó que ``el dato relativo al nombre de un servidor público sancionado con inhabilitación por haber cometido una falta administrativa, constituye por su naturaleza información publicará aun cuando el dato respectivo trascienda a la vida privada de aquél’’.
Sin embargo, contrario a lo que previó el Comité, en el espacio de la página de internet de la Corte dedicado a difundir los temas de transparencia, se difundió un catálogo de 54 funcionarios públicos que han sido sancionados desde el 2003, pero sin revelar sus nombres. En la mayoría de los casos se trata de amonestaciones y apercibimientos privados. Y, al igual que en los demás asuntos, los nombres de siete funcionarios inhabilitados para que no puedan ejercer otro cargo público, lo mismo por un año que por 20, también se omitieron. Entre ellos se encuentran un coordinador de asesores y un secretario de Estudio y Cuenta, que son dos de los cargos de mayor importancia en el máximo tribunal, y que fueron sancionados por diversas conductas, pero, en especial, por haberse ostentado como abogados sin serlo. El caso más grave que se reporta es el de un secretario de Estudio y Cuenta, que es el funcionario de mayor confianza para un ministro de la Corte porque se encarga de redactar los proyectos de sentencia en los distintos juicios que se le asignan, que ejerció este puesto sin haber terminado la carrera de Derecho. Dicho caso fue detectado en el 2003 y al ex funcionario se le aplicó una sanción consistente en una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante 20 años, una sanción económica que lo obligaba a devolver el dinero que había ganado de más en un cargo al que no tenía derecho, además de que también se le inició un proceso penal por este motivo.
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