miércoles, 26 de agosto de 2009

Rapiña

Rapiña
2009-08-26

Dicen legisladores que la Procuraduría General de Protección al Ambiente, a cargo de Patricio Patrón Laviada, sirve a grupos de poder / Autorizó la construcción de proyectos turísticos destructivos de la Naturaleza / Senador del Verde Ecologista considera grave el caso del hotel “Las Nubes” e incluso pide su clausura / Organizaciones ambientalistas proponen que el titular de la Profepa sea designado por el Congreso de la Unión

MÉXICO, D.F., 25 de agosto (EL UNIVERSAL).- Legisladores federales criticaron la operación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por carecer de fuerza y autonomía para actuar eficazmente contra quienes violan las leyes en la materia.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Diego Cobo Terrazas (PVEM), consideró en que la Profepa sirve a grupos de poder que se benefician de autorizar la construcción de proyectos turísticos destructivos de la naturaleza.
El sector del medio ambiente, advirtió Terrazas, está hundido en una simulación de la que se aprovechan servidores públicos y empresarios, que burlan un marco legal propicio a la impunidad, dijo en entrevista.

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Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), de la omisión de Turismo señaló que la Profepa emite autorizaciones indebidas, sus funcionarios violan las normas, se maneja con discrecionalidad y atenta contra el entorno. Coincidieron en que desde la Profepa se autorizó la destrucción ambiental de Cancún, destino turístico que ya es un desastre.
En días pasados se documentó en POR ESTO! la construcción de hoteles e infraestructura de comunicación y servicios, en la isla de Holbox, Quinta Roo, que es parte de un proyecto turístico que desplazó manglares.
Cobo Terrazas sostuvo que el principal infractor de la ley ambiental es el gobierno, ya que la Secretaría del Medio Ambiente es la que extiende las autorizaciones violatorias de la legislación, mientras que “la Profepa no es más que una dependencia directa del gobierno federal, incapaz de aplicar las normas”.
Una ley para dotar a la Profepa autónoma de gestión y presupuestal quedó detenida en la Cámara de Diputados, dijo el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La aplicación de la ley se vuelve una cuestión imposible, agregó el diputado Cobo Terrazas, al considerar que 500 inspectores de la Profepa tienen la responsabilidad de abarcar todo el país.
El coordinador del PVEM en el Senado, Jorge Legorreta, consideró “grave” el caso del hotel “Las Nubes” y pidió investigar a fondo e incluso clausurar si se viola la ley. Dijo que sería positivo que Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, se deslinde del caso que la dependencia que encabeza investigue hasta el fondo y hasta sus últimas consecuencias.
Las organizaciones ambientalistas Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) propusieron reformas a fin de que la designación del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependa del Congreso de la Unión, y no de una decisión unilateral del presidente de la República como pago de cuotas.

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Incluso, José Sarukhán Kérmez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), aseveró que la Profepa tiene una capacidad limitada de acción y no está equiparada a otras dependencias de su tipo como la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la presentación del Cuarto Informe Nacional de México al Convenio Sobre Diversidad Biológica (CDB) en el Polyforum Cultural Siqueiros, el ex rector de la UNAM expresó que la Procuraduría Ambiental debe contar y ejercer una verdadera autonomía equiparable a la que tienen las universidades del país.
En entrevista, Sarukhán Kérmez consideró que hay que hacer un gran esfuerzo para erradicar prácticas de corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional. Hace unos días, el propio secretario de Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, admitió que es uno de los funcionarios más presionados por gobernadores y empresarios por los temas que maneja. Sobre esto, Sarukhán Kérmez dijo que es lamentable que aún se den esas presiones “de gente que quiere proteger sus intereses legítimos o no legítimos’’.
Del tema, Alejandro Oliver, encargado de la campaña de Océanos de Greenpeace, y Gustavo Alanís Ortega, de Cemda, se pronunciaron coincidentes por otorgarle autonomía financiera y de operación a la Profepa, para que cuente con herramientas y aplique de manera efectiva las leyes ambientales.
Lamentaron que los desarrolladores inmobiliarios y turísticos se aprovechen de los vacíos en la legislación ambiental para construir ilegalmente sin que tengan sanciones.
Sobre el tema, Alejandro Oliver explicó que este tipo de casos reflejan la presión de los desarrolladores turísticos contra las autoridades, lo que crea un vacío en la legislación ambiental.
Señaló que la Profepa tiene un fuerte problema de estructura, presupuesto e independencia, ya que por ser parte del gobierno y pertenecer a la Secretaría del Medio Ambiente se convierte en “juez y parte’’.
Gustavo Alanís Ortega, de Cemda, indicó que la Profepa tiene que aplicar la ley independientemente de quienes sean los desarrolladores inmobiliarios, “igual si es el hermano, el primo o pariente, hay que aplicar la ley’’.
Se pronunció porque esta Procuraduría sea autónoma e independiente del Ejecutivo, y funcione con su propia estructura.
Legisladores federales criticaron la operación de Profepa, por carecer de fuerza y autonomía para actuar eficazmente contra quienes violan las leyes en la materia.

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