Marietas y Adelitas

El mayor asesino de Acteal

por Luis Garcia Abusaid

Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.

No lo olvidemos: La noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.

Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.

Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha--, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su “nueva” imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.

El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta, creada, insisto, por ellos mismos.

La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.

Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para “evitar” nuevos brotes de violencia.

Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del Gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994.
Zocalo-Saltillo