domingo, 1 de marzo de 2009

Recuperar los bancos

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2009
Recuperar los bancos

Las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso a Banamex y llevar a cabo su intervención y expropiación porque Washington es dueño ahora del 36% de Citigroup, advierte Hacienda Pública del Gobierno Legítimo / Hay que aprovechar esta oportunidad para recuperar y democratizar a la Banca, rompiendo el oligopolio que se ha generado en nuestro sistema extranjerizado, afirma

MEXICO, D.F., 28 de febrero (LA JORNADA).
- Las autoridades mexicanas deben de cancelar el permiso a Banamex para operar como banco y llevar a cabo su intervención y expropiación, después de que el gobierno de los Estados Unidos detenta hasta ahora el 36 por ciento del Citigroup, y aprovechar esta oportunidad para recuperar y democratizar a la banca mexicana, rompiendo el oligopolio que se ha generado en nuestro sistema extranjerizado, consideró la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece claramente que: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.
De esta manera resulta obvio que al convertirse formalmente el Gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas del Citigroup, quien a su vez es el dueño y principal accionista de Banamex se estaría violando abiertamente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría obligada a la cancelación de la autorización que Banamex tiene para ejercer las funciones de banca en México.
La Hacienda Pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador explicó que la participación del Gobierno estadounidense será de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo detenta el 36 por ciento del capital de Citigroup, sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones independientemente del porcentaje con el que participe el gobierno norteamericano, le darían el derecho a “voto en las asambleas”.
Es importante señalar que desde que la inyección de recursos por parte del gobierno norteamericano hacia Citigroup realizó a través de “obligaciones convertibles” por un monto de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación inicial del 8 por ciento en el capital de este consorcio financiero, es un hecho indiscutible de que desde ese momento, el gobierno norteamericano ya tenía una participación en el “capital” de Citigrouop y por lo tanto participaba en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe de existir duda de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El análisis asegura que esto en teoría obligaría a las autoridades mexicanas a “intervenir formalmente a Banamex” en tanto se opta por buscar “nuevos accionistas” que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex, es decir que ni Roberto Hernández Ramírez (acusado por los POR ESTO!, desde 1997, de vínculos con el narcotráfico), ni BBVA Bancomer, HSBC podrían adquirir este banco en virtud de que se acentuaría aun más la concentración en el mercado mexicano.
De esta manera, la opción sería llevar a cabo una estatización formal o expropiación, de este banco, que permitiera al gobierno buscar “nuevos socios” o bien mantener bajo su control el banco, en virtud de que ni el gobierno de los Estados Unidos, ni la Reserva Federal del Tesoro estadounidense, ni tampoco, las autoridades supervisoras norteamericanas, pueden, de acuerdo a lo establecido en las leyes mexicanas participar en “el capital social de las instituciones de banca múltiple en México”.
Advirtió, que el gobierno no pude aducir, que es un asunto financiero, en beneficio de la protección de ahorradores mexicanos, ya que Banamex, no enfrenta problemas financieros, si no jurídicos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley de Instituciones de Crédito, por lo que el gobierno mexicano no debe, ni puede desembolsar dinero en esta operación.
Por Esto!

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