El plan antinarco para México dado a conocer por la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, ratifica que las prioridades para la administración de Barack Obama en torno al problema del tráfico y consumo de drogas, siguen siendo las mismas que para sus antecesoras: garantizar el flujo de estupefacientes a los más de 30 millones de adictos que tienen en su territorio y asegurar que el lavado de dinero de las ganancias que deja este lucrativo negocio se siga realizando en territorio estadounidense.
Sólo así se explican los vacilantes pasos que ha dado el nuevo gobierno del vecino del norte para enfrentar este grave problema no sólo de seguridad nacional, sino de salud pública y, sobre todo, financiero. La estrategia para prevenir el desborde de violencia en la frontera con México y ayudar a Felipe Calderón en su “guerra” contra los cárteles de la droga, más que hacerle frente a “una de las amenazas a la seguridad” norteamericana, está encaminada a garantizar que los miles de millones de dólares que se generan anualmente por esta ilícita actividad se queden en territorio estadounidense.
La preocupación de los nuevos funcionarios estadounidenses se ha centrado en los últimos meses en el hecho de que los grupos criminales mexicanos “controlan la distribución de las drogas en la mayor parte de las ciudades estadounidenses -a través de una sofisticada red de pandillas locales, entre las que destacan la mafia italiana- y están aumentado su presencia en los mercados que aún no controlan”, como lo recalcó el informe anual del Centro Nacional de Inteligencia Contra las Drogas, perteneciente al Departamento de Justicia.
Los cárteles mexicanos, de acuerdo con los reportes de las autoridades estadounidenses, proporcionaron drogas a redes de distribución locales en cuando menos 230 ciudades entre enero del 2006 y abril del 2008, y obtienen ganancias anuales de alrededor de 25 mil millones de dólares, suma nada despreciable para cualquier sistema financiero. En este negocio, según la misma fuente, participan directamente unas 150 mil personas, e indirectamente otras 300 mil en el cultivo de marihuana y opio. La cantidad de droga producida es impresionante pues el año pasado alcanzó 18 toneladas de heroína y 16 mil toneladas de marihuana.
Por lo que se refiere a la cocaína, el 90 por ciento de la que llega a Estados Unidos pasa por México, procedente de Sudamérica. El Pentágono calcula que alrededor de 500 toneladas se distribuyen y consumen en el mercado estadounidense, de las cuales sólo el 10 por ciento no pasan por México. Sólo una mínima parte de esta droga llega a ser decomisada por las autoridades estadounidenses, quienes también han externado su preocupación por el uso ilegal de metanfetaminas, producidas en su propio territorio, que han inundado las zonas rurales de ese país.
Estrategia limitada
La limitada estrategia de Obama para hacer frente a la violencia derivada del tráfico de drogas en la frontera sur incluye el envío de más agentes -350 elementos adicionales del Departamento de Seguridad Interna, 16 agentes de la DEA y 100 agentes de la Oficina Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos- para reforzar la operación de “Armas Cruzadas”, en la lucha contra el armamento que va a parar a manos de los sicarios mexicanos- y la creación de un centro de inteligencia regional del FBI (Agencia Federal de Investigaciones).
El gobierno estadounidense pretende triplicar el número de analistas de inteligencia del Departamento de Seguridad Interna y duplicar en la frontera los equipos binacionales anticrimen, conocidos como BEST, compuestos por diversas agencias como Aduanas y Control Migratorio y Aduanas y Protección Fronteriza. Por el momento, Janet Napolitano declaró que estaba descartado el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera aunque reconoció que esa posibilidad sigue abierta.
En el plano interno, lo único que se conoce es que en su proyecto presupuestal, la presidencia de Obama solicitó al Congreso un paquete por 14 mil millones de dólares, que manejará el Departamento de Salud y Servicios Humanos para el tratamiento de los drogadictos, la expansión de la educación sobre las consecuencias del consumo de drogas y para bajar la demanda. De las estrategias para desmantelar las sofisticadas redes de distribución de los estupefacientes en cuando menos 230 ciudades de los Estados Unidos aún no se sabe nada, y todo parece indicar que se seguirán respetando los acuerdos alcanzados con los barones de la droga estadounidenses en pasadas administraciones, pues debe asegurarse que no se presente una escasez de estupefacientes que eleve los niveles de ansiedad y locura a cuando menos 30 millones de consumidores, lo que le representaría a la nueva administración un complejo problema interno.
Por lo que toca al gobierno mexicano, apenas se había dado a conocer el plan estadounidense para hacer frente a la violencia en su frontera sur, cuando la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, ya estaba ante las cámaras de televisión para avalar las nuevas medidas de seguridad implementadas por el vecino del norte y declarar que dichas acciones son “congruentes” con la lucha emprendida contra la delincuencia organizada, en el marco de la cooperación bilateral, principalmente porque van encaminadas a evitar el tráfico de armas.
Sin siquiera detenerse a analizar los temas de la compleja relación de México con los Estados Unidos, que habrá de ser abordada en las próximas 48 horas, la servidumbre de Espinosa llegó al extremo de señalar que “es un honor” para nuestro país la visita que a partir de este miércoles realizará la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, quien en Washington refutó los reportes de sus órganos de inteligencia al asegurar que “México no es un estado fallido, ni tampoco es una amenaza para Estados Unidos”. La ex primera dama indicó que “Yo no concuerdo con eso (el concepto de Estado fallido)... Esa no es la posición de la Administración del Presidente Obama”. Sin embargo, cabe recordar que apenas el pasado mes de noviembre un reporte de prospectiva del Comando de Fuerzas Conjuntas del Pentágono advertía que México podría convertirse en un Estado fallido si fracasaba en la lucha que sostiene contra los cárteles del narcotráfico.
Como regalo de bienvenida a Hillary Clinton el gobierno mexicano le presentará la captura de Héctor Huerta Ríos, alias “La burra” o “El junior”, principal operador del cártel de los Beltrán Leyva en el norte de la República, tan sólo unas horas después de que la Procuraduría General de la República ofreciera 15 millones de pesos a quienes proporcionaran datos para su aprehensión. El destacado narcotraficante fue detenido en un lote de autos de su propiedad, en el municipio metropolitano de San Pedro, en el Estado de Nuevo León.
A diferencia de la responsable de la cancillería, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores destacaron la necesidad de que el gobierno mexicano aproveche la presencia de Hillary Clinton en el país para abordar los temas de migración y tráfico de armas. Insistieron en que debe relanzarse una reforma migratoria que beneficie a millones de trabajadores indocumentados. En las próximas horas estaremos observando cuanto se avanza en ese camino y cuánto más se logrará durante la visita de Barack Obama a nuestro país el mes que entra, aunque no hay que dejar de reconocer que lo fundamental sobre este problema no habrá de ser tratado en territorio mexicano, sino en los Estados Unidos con los legisladores latinos a quienes el mandatario afroamericano ya les prometió que presentará al Congreso un proyecto de reforma migratoria.
Por Esto!
Sólo así se explican los vacilantes pasos que ha dado el nuevo gobierno del vecino del norte para enfrentar este grave problema no sólo de seguridad nacional, sino de salud pública y, sobre todo, financiero. La estrategia para prevenir el desborde de violencia en la frontera con México y ayudar a Felipe Calderón en su “guerra” contra los cárteles de la droga, más que hacerle frente a “una de las amenazas a la seguridad” norteamericana, está encaminada a garantizar que los miles de millones de dólares que se generan anualmente por esta ilícita actividad se queden en territorio estadounidense.
La preocupación de los nuevos funcionarios estadounidenses se ha centrado en los últimos meses en el hecho de que los grupos criminales mexicanos “controlan la distribución de las drogas en la mayor parte de las ciudades estadounidenses -a través de una sofisticada red de pandillas locales, entre las que destacan la mafia italiana- y están aumentado su presencia en los mercados que aún no controlan”, como lo recalcó el informe anual del Centro Nacional de Inteligencia Contra las Drogas, perteneciente al Departamento de Justicia.
Los cárteles mexicanos, de acuerdo con los reportes de las autoridades estadounidenses, proporcionaron drogas a redes de distribución locales en cuando menos 230 ciudades entre enero del 2006 y abril del 2008, y obtienen ganancias anuales de alrededor de 25 mil millones de dólares, suma nada despreciable para cualquier sistema financiero. En este negocio, según la misma fuente, participan directamente unas 150 mil personas, e indirectamente otras 300 mil en el cultivo de marihuana y opio. La cantidad de droga producida es impresionante pues el año pasado alcanzó 18 toneladas de heroína y 16 mil toneladas de marihuana.
Por lo que se refiere a la cocaína, el 90 por ciento de la que llega a Estados Unidos pasa por México, procedente de Sudamérica. El Pentágono calcula que alrededor de 500 toneladas se distribuyen y consumen en el mercado estadounidense, de las cuales sólo el 10 por ciento no pasan por México. Sólo una mínima parte de esta droga llega a ser decomisada por las autoridades estadounidenses, quienes también han externado su preocupación por el uso ilegal de metanfetaminas, producidas en su propio territorio, que han inundado las zonas rurales de ese país.
Estrategia limitada
La limitada estrategia de Obama para hacer frente a la violencia derivada del tráfico de drogas en la frontera sur incluye el envío de más agentes -350 elementos adicionales del Departamento de Seguridad Interna, 16 agentes de la DEA y 100 agentes de la Oficina Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos- para reforzar la operación de “Armas Cruzadas”, en la lucha contra el armamento que va a parar a manos de los sicarios mexicanos- y la creación de un centro de inteligencia regional del FBI (Agencia Federal de Investigaciones).
El gobierno estadounidense pretende triplicar el número de analistas de inteligencia del Departamento de Seguridad Interna y duplicar en la frontera los equipos binacionales anticrimen, conocidos como BEST, compuestos por diversas agencias como Aduanas y Control Migratorio y Aduanas y Protección Fronteriza. Por el momento, Janet Napolitano declaró que estaba descartado el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera aunque reconoció que esa posibilidad sigue abierta.
En el plano interno, lo único que se conoce es que en su proyecto presupuestal, la presidencia de Obama solicitó al Congreso un paquete por 14 mil millones de dólares, que manejará el Departamento de Salud y Servicios Humanos para el tratamiento de los drogadictos, la expansión de la educación sobre las consecuencias del consumo de drogas y para bajar la demanda. De las estrategias para desmantelar las sofisticadas redes de distribución de los estupefacientes en cuando menos 230 ciudades de los Estados Unidos aún no se sabe nada, y todo parece indicar que se seguirán respetando los acuerdos alcanzados con los barones de la droga estadounidenses en pasadas administraciones, pues debe asegurarse que no se presente una escasez de estupefacientes que eleve los niveles de ansiedad y locura a cuando menos 30 millones de consumidores, lo que le representaría a la nueva administración un complejo problema interno.
Por lo que toca al gobierno mexicano, apenas se había dado a conocer el plan estadounidense para hacer frente a la violencia en su frontera sur, cuando la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, ya estaba ante las cámaras de televisión para avalar las nuevas medidas de seguridad implementadas por el vecino del norte y declarar que dichas acciones son “congruentes” con la lucha emprendida contra la delincuencia organizada, en el marco de la cooperación bilateral, principalmente porque van encaminadas a evitar el tráfico de armas.
Sin siquiera detenerse a analizar los temas de la compleja relación de México con los Estados Unidos, que habrá de ser abordada en las próximas 48 horas, la servidumbre de Espinosa llegó al extremo de señalar que “es un honor” para nuestro país la visita que a partir de este miércoles realizará la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, quien en Washington refutó los reportes de sus órganos de inteligencia al asegurar que “México no es un estado fallido, ni tampoco es una amenaza para Estados Unidos”. La ex primera dama indicó que “Yo no concuerdo con eso (el concepto de Estado fallido)... Esa no es la posición de la Administración del Presidente Obama”. Sin embargo, cabe recordar que apenas el pasado mes de noviembre un reporte de prospectiva del Comando de Fuerzas Conjuntas del Pentágono advertía que México podría convertirse en un Estado fallido si fracasaba en la lucha que sostiene contra los cárteles del narcotráfico.
Como regalo de bienvenida a Hillary Clinton el gobierno mexicano le presentará la captura de Héctor Huerta Ríos, alias “La burra” o “El junior”, principal operador del cártel de los Beltrán Leyva en el norte de la República, tan sólo unas horas después de que la Procuraduría General de la República ofreciera 15 millones de pesos a quienes proporcionaran datos para su aprehensión. El destacado narcotraficante fue detenido en un lote de autos de su propiedad, en el municipio metropolitano de San Pedro, en el Estado de Nuevo León.
A diferencia de la responsable de la cancillería, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores destacaron la necesidad de que el gobierno mexicano aproveche la presencia de Hillary Clinton en el país para abordar los temas de migración y tráfico de armas. Insistieron en que debe relanzarse una reforma migratoria que beneficie a millones de trabajadores indocumentados. En las próximas horas estaremos observando cuanto se avanza en ese camino y cuánto más se logrará durante la visita de Barack Obama a nuestro país el mes que entra, aunque no hay que dejar de reconocer que lo fundamental sobre este problema no habrá de ser tratado en territorio mexicano, sino en los Estados Unidos con los legisladores latinos a quienes el mandatario afroamericano ya les prometió que presentará al Congreso un proyecto de reforma migratoria.
Por Esto!
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