Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F., 31 de marzo.- Uno de los méritos de los gobernantes mexicanos es encontrar un problema a cada solución. No podía ser la excepción el establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una ocurrencia de cómo se gasta más el dinero público para resolver menos los problemas de la sociedad. En efecto. Veamos.
Primero. El 9 de febrero del 2009 el Congreso de la Unión aprobó una conspicua reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que dio vida al Renaut y amplió la burocracia en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deben registrar su equipo y chip en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que éste les sea suspendido sin posibilidad de reactivación. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y delincuencia organizada cometidos con el concurso de dichos aparatos. El quid del asunto reside en saber si esas medidas pueden ser los medios razonables para llegar a los fines buscados. Esto en realidad no es así.
Segundo. No es factible en el corto plazo adoptar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital, en virtud de que esto haría sumamente costoso el servicio del celular, en perjuicio, paradójicamente, de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera dicho costo, surgiría otro problema igual o mayor: que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no sería como las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino un sistema que incluye los relieves del terreno y puede determinar si el celular se halla en un inmueble de un piso o en un edificio de 15 o 40 niveles, diferencia que, para propósitos de seguridad, puede representar la vida o la muerte. Hoy, sin reforma alguna, se utilizan las radio-bases existentes para efectos de identificación aproximada. Aunque tienen un menor nivel de precisión que el GPS, ayudan cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión.
Tercero. Supongamos que se reorientara el presupuesto para adoptar un sistema GPS y mantener un proceso permanente de cartografía en todo el país. Este esfuerzo presupuestal mayúsculo nada garantizaría. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los teléfonos celulares de las víctimas u otros robados. De modo que puede saberse quién es el propietario del teléfono del que se habla y cuál es su domicilio, pero esto poco ayuda a combatir los delitos de alto impacto.
Cuarto. Por si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. No se toma en cuenta la existencia de la comunicación telefónica por internet, que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos, donde no se requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, estadunidense o de cualquier país distinto a México? Eso no es todo: Los datos personales de los titulares de los teléfonos celulares carecen de la mínima garantía de protección.
Como se puede observar, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil servirá sólo como un mecanismo que podría brindar seguridad psicológica a una reducida parte de la población. En épocas electorales es entendible que el Poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo, en este tema tan sensible para todos, dándole gato por liebre. Más que en carencias tecnológicas, el problema reside en la cultura de la corrupción e impunidad que prevalece, sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.
Desde un punto de vista formal, los usuarios de celulares pueden recurrir al amparo contra esta medida restrictiva de los datos personales y del derecho a la vida privada de los mexicanos. Y es que, en realidad, será materialmente imposible que a los usuarios de celulares que no acudan al registro se les elimine el servicio e imponga la sanción de que jamás tendrán otro de esos aparatos a su nombre. ¡Por favor! Estamos en México.
Si no se garantiza lo básico, que es la seguridad pública, y si no se recupera el espíritu remunerador del salario mínimo, entre una enorme cantidad de pendientes, ¿se va a aplicar selectivamente la ley para afectar a los mexicanos, a la industria nacional y los empleos que genera, a las comunicaciones y a la libertad de expresión, sin que por ningún lado se vea un verdadero interés público superior que justifique tal medida?
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