Marietas y Adelitas

Ante ilegalidades de Coca-Cola, el silencio

JENARO VILLAMIL

Las autoridades laborales mexicanas, encabezadas por Javier Lozano, han proclamado que actuarán contra las empresas que utilicen el sistema de subcontratación u outsourcing para evadir sus obligaciones laborales y fiscales. Pero bastó que el exdirector regional de Mercado de Coca-Cola Company denunciara que la trasnacional incurre en esa práctica para enmudecer a esos funcionarios.

Un litigio laboral y dos denuncias penales contra The Coca-Cola Company, interpuestos entre 2007 y 2009 por su exdirectivo Ángel Alvarado, revelan la trama de simulación empresarial urdida por la poderosa trasnacional para evadir el reparto de utilidades y el pago de impuestos, manejar información confidencial sobre sus estrategias de mercado y darle la vuelta a las investigaciones que le sigue la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas.

La clave de esta trama es la utilización de un esquema de intermediación laboral y de servicios (outsourcing) a través de varias empresas filiales vinculadas a The Coca-Cola Company, pero que operan sin fiscalización de las autoridades.

Entre esas filiales figura Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. (SIAAGSA), creada el 2 de abril de 1987 y cuyo accionista mayoritario es The Coca-Cola Export Corporation, como consta en el folio mercantil 00095757 del Registro Público de la Propiedad, copia del cual tiene Proceso.

El litigio laboral iniciado por Ángel Alvarado contra la refresquera prendió los focos rojos en despachos de abogados corporativos y colegios de licenciados en Derecho de distintas entidades, que consideran riesgosa la generalización de los contratos de outsourcing y sus consecuencias en caso de demandas como la mencionada.

La firma internacional de abogados Corpusiure, con oficinas en la torre del World Trade Center, dirigió un comunicado a sus clientes, casi todos corporativos trasnacionales, para advertirles que el caso de The Coca-Cola Company "muy posiblemente siente un precedente de jurisprudencia, no sólo por las implicaciones meramente laborales del asunto, sino también por los aspectos penales y fiscales del mismo". Y sintetiza el litigio:

"Se trata de un caso laboral que inició un alto ejecutivo de Coca-Cola Export Corporation (CCE), quien al ser despedido de dicha compañía denunció y dio a conocer que CCE ha venido simulando una situación frente a sus trabajadores, pretendiendo que el patrón verdadero sea una sociedad creada por la misma CCE, denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. (SIAAGSA) y que dicha sociedad es utilizada como vehículo para evitar pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU), salarios y demás prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores de CCE; es decir, que la única actividad real de SIAAGSA es servir como empresa 'pagadora' de CCE".

En referencia al mismo caso, el Colegio de la Barra de Licenciados en Derechos de Campeche, A.C. emitió otro estudio jurídico destinado a sus afiliados, en el cual considera ilícito que las empresas constituyan una empresa de outsourcing porque el único objetivo es "darle la vuelta a las leyes, buscando un beneficio particular".

Para esta asociación civil, el outsourcing "se ha desarrollado bien en países que tienen leyes que lo permiten o toleran, porque son compañías que pueden generar importantes fuentes de empleo; un ejemplo de ello son las llamadas empresas de trabajo temporal en España, pero no es el caso de México, cuya política social, más bien, ha venido a desalentar el uso de esta figura".

Datos recientes de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) establecen que en México hay 105 mil trabajadores registrados formalmente bajo el esquema de outsourcing,cifra relativamente baja, ya que equivale al 0.2% de la población productiva, pero que "se relaciona con evasión fiscal y de seguridad laboral para los trabajadores".