El día que La Jornada salió por primera vez a la calle, el 19 de septiembre de 1984, su precio de venta al público era de 35 pesos por ejemplar. En mayo de 1985 subió a 50. En enero de 86 pasó a 60 y cinco meses más tarde a 100. En octubre de 87 saltó a 300 pesos, en julio de 88 a 700 y en octubre de 1990 a mil. En febrero de 91 brincó a mil 200, en octubre de 92 a mil 600 y en enero de 93, ficticiamente, bajó a 1.60, cuando el presidente espurio de aquel entonces borró tres ceros al peso.
Hoy, al cumplir 25 años de existencia, La Jornada vale, en realidad, 10 mil pesos por ejemplar y el dólar más de 13 mil. Todos sabemos que los responsables de esta catástrofe económica y social que ha destrozado a México son los mismos priístas y panistas que ahora van a despedir a 10 mil burócratas e imponernos nuevos impuestos, con la única finalidad de mantener los insultantes privilegios de la alta burocracia y las ganancias impunes de los bancos y las grandes empresas, que no sólo no pagan impuestos, sino que invierten su dinero fuera del país.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Agustín Carstens, autor intelectual de este crimen masivo que es el plan económico de Calderón, reconoció que, en efecto, las grandes empresas deben impuestos por un total de 460 mil millones de pesos, tal como había venido denunciando Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes ya saben, esa cifra es casi idéntica a los 480 mil millones de pesos que Hacienda dejó de recaudar por la caída de los precios del crudo, la deliberada baja de la extracción petrolera, el derrumbe de la industria turística y la reducción de las remesas de los migrantes, entre otros factores.
Pero como Calderón se debe a quienes lo sentaron en Los Pinos para que los sirviera como empleado, no les va a cobrar un centavo de esos 460 mil millones de pesos: la deuda fiscal de los dueños del país la vamos a pagar nosotros, si permitimos que con el embudo del Congreso nos obliguen a tragar más medicinas amargas, pero necesarias, como han hecho desde 1982. Carlos Fernández-Vega documentó en su columna de ayer que a lo largo de los seis años de Vicente Fox y los tres que van de Calderón, los empresarios dejaron de pagar más de 5 billones de pesos en impuestos. El año pasado, el gobierno legítimo de López Obrador demostró que casi la totalidad de los excedentes petroleros que obtuvimos durante el sexenio pasado, Fox se los regaló a los empresarios por concepto de devolución de impuestos.
Un diario que no podría catalogarse de ninguna manera como opositor, o siquiera leve crítico del régimen, publicó ayer el tabulador de los ingresos que Calderón quiere que obtengan en 2010 (por sueldos, prestaciones especiales, vacaciones, aguinaldos y bonifacios) los más altos burócratas del sistema. Si su petición es aprobada por el PRIAN en el Congreso, el más cobrón de los servidores públicos será el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, quien podrá embolsarse al año 4 millones 429 mil 177 pesos. Debajo de él quedarían el presidente del Consejo de la Judicatura, con 3 millones 942 mil pesos anuales; el secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 3 millones 986 mil; el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), con 3 millones 915 mil; el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito, con 3 millones 730 mil 845; los siete magistrados del TEPJF, con 3 millones 386 mil cada uno, y la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández, con 3 millones 372 mil.
Calderón, que a pesar de todo piensa que merece aumento de sueldo, pide 3 millones 324 mil pesos para sí mismo y 3 millones 273 mil para cada uno de sus secretarios de Estado. Cálculos extraoficiales estiman que los salarios de la burocracia de los tres poderes federales redondearán 400 mil millones de pesos, de modo que entre todos, con medicinas amargas, pero necesarias, apretándonos el cinturón y matando el hambre con carbohidratos, todos haremos un sacrificio más para que los siervos de la patria no dejen de trabajar por nuestro bien. ¿Esto es lo que Calderón entiende por austeridad? ¿Qué entenderá por paralelepípedo y palabras tanto o más complejas?
Ahora veamos los salarios que actualmente perciben los más altos cargos del Gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard tiene un sueldo bruto mensual de 100 mil 983 pesos, que sin impuestos le queda en 76 mil 68, cantidad que multiplicada por los 12 meses del año le totaliza 912 mil 826. Debajo de él, tanto el consejero jurídico y de servicios legales, como el contralor general, el jefe de la oficina del jefe de Gobierno, el oficial mayor, el procurador general de justicia y el secretario de gobierno cobran 99 mil 23 pesos brutos, o 74 mil 657 al mes, ya sin impuestos, o sea, 895 mil 892 pesos al año.
Debajo de ellos, el coordinador de atención ciudadana, el director de comunicación social, los oficiales mayores de la procuraduría y de Seguridad Pública, el secretario particular de Ebrard, los subprocuradores de Justicia y el tesorero del gobierno reciben 95 mil 93 pesos brutos, que en realidad se vuelven 71 mil 828 sin impuestos, y al año 861 mil 936. Un nivel más abajo, desde el coordinador de la procuraduría capitalina y hasta el visitador general, un total de nueve funcionarios más, cobran 91 mil 155 pesos brutos, o 68 mil 992 mensuales, y un total de 827 mil 912 anuales. En el peldaño inferior hay 13 funcionarios con 91 mil 58 pesos brutos, o 68 mil 992 netos y 827 mil anuales. El salario más pequeño del GDF es de 12 mil 646 pesos brutos, o de 11 mil 87 mensuales, o de 133 mil 47 al año, lo que indica una diferencia notable en relación con los 149 mil pesos anuales que perciben las niñeras y cocineras del TEPJF.
Cuando Calderón promulgó la Ley de Salarios Máximos, en un breve espectáculo televisado, dijo que la nueva norma iba a garantizar el ideal de Benito Juárez para que el salario de los servidores públicos no se convirtiera en un botín y éstos vivieran en la justa medianía. Hoy, pocas semanas después, luego de analizar el presupuesto de sueldos que pide para él mismo y para la alta burocracia, habría que convocar a un cónclave de expertos en temas de salud mental para intentar descubrir qué enfermedad lo obliga a mentir asidua, cotidiana y compulsivamente en todos los temas que aborda. Cada día se parece más a Richard Nixon.
Lo más interesante del caso es que, en efecto, como anticipó López Obrador, el PRI va a votar con el PAN el paquete económico de Carstens, y a pagar el costo político inevitable, porque no está planeando regresar al poder gracias a su popularidad y simpatía, sino por la vía del fraude, como siempre. Y va a dar su anuencia para que Arturo Chávez, el promotor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez –promotor en la medida en que no resolvió ninguno y alentó de tal modo a que se cometieran muchos más–, sea el nuevo abogado de la nación (asociado al despacho de Diego Fernández de Cevallos).
Todo está calculado fríamente. En cuanto la indignación nacional se manifieste por medio de la organización política, el virus de la gripe porcina resurgirá con más fuerza que nunca y serán prohibidas las concentraciones de masas y los levantacejas nos aturdirán con noticias apocalípticas sobre la pandemia hasta paralizarnos de pánico. Pero entonces, milagrosamente, México clasificará para el mundial de Sudáfrica y los ángeles del cielo tocarán trompetas de gloria. Por todo lo aquí expuesto, hay que estar el lunes, a las 5 de la tarde, ante la Cámara de Diputados, para escuchar la propuesta alternativa que presentará Andrés Manuel.
